El Gobierno nacional puso en marcha este lunes 1 de septiembre de 2025 el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la compañía estatal que actualmente administra cerca de 3.400 kilómetros de rutas nacionales en distintos puntos del país. La decisión se formalizó mediante la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, difundida en el Boletín Oficial.
La medida se enmarca en el Decreto 97/2025, que autorizó la privatización total de la sociedad. En ese marco, se determinó que la modalidad aprobada incluye la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes sobre la totalidad de los tramos que hoy están bajo la órbita de Corredores Viales.
Los tramos bajo administración estatal
Actualmente, la empresa administra diez corredores viales distribuidos en diferentes provincias, que suman en total 3.430 kilómetros:
- Tramo I: RN 34 y RN 9 (Santa Fe–Santiago del Estero), 327,11 km.
- Tramo II: RN 188 (Pergamino–Empalme RN 7), 90,01 km.
- Tramo III: RN 12 y RN 16 (Empalme RN 123–Posadas), 464,85 km.
- Tramo IV: RN 8, RN 36 y A005 (Pilar–Villa Mercedes), 665,96 km.
- Tramo V: RN 19 y RN 34 (Santo Tomé–Río Primero), 280,20 km.
- Tramo VI: RN 9, RN 193, RN 34, A008 y A012, 214,52 km.
- Tramo VII: RN 3, RN 226 y RN 205 (Ezeiza–Cañuelas), 245,26 km.
- Tramo VIII: RN 7 (Luján–Límite Córdoba/San Luis), 590,74 km.
- Tramo IX: Acceso Ricchieri y Ezeiza–Cañuelas, 13,86 km.
- Tramo X: RN 5 (Pascual Simone–Santa Rosa, La Pampa), 538,65 km.
Alcances de la privatización
La propuesta oficial no prevé preferencias para oferentes ni programas de propiedad participada, lo que implica que la licitación estará abierta a todos los interesados bajo las condiciones que determine el pliego.
Para llevar adelante el proceso, el Ejecutivo instruyó a distintos organismos del Estado. En el caso de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, se le asignaron tareas claves:
- Elaborar el inventario de los bienes que la empresa debe devolver al Ministerio.
- Redactar los documentos de extinción de los contratos de concesión, que se ejecutarán una vez que se firmen los nuevos contratos.
- Proponer la reorganización de los tramos de la red vial, con la posibilidad de incluir o excluir segmentos.
- Realizar un relevamiento sobre el estado actual de los corredores y de las obras de infraestructura, con la potestad de solicitar la rescisión de contratos no prioritarios.
- Preparar y tramitar la documentación licitatoria, técnica y contractual, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
La disolución de Corredores Viales
Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendrá un rol determinante en la privatización. Entre sus responsabilidades figuran:
- Coordinar la concesión de los tramos en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la resolución.
- Ejecutar luego la disolución y liquidación de Corredores Viales S.A.
- Solicitar a un organismo estatal la valuación de los flujos de fondos futuros provenientes de la explotación de peajes.
- Requerir a la empresa y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la confección del inventario de bienes que integran el patrimonio.
- Gestionar la tasación de esos bienes a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación o de otro organismo público, antes de proceder a la liquidación final.
Licitación en plataforma digital
Finalmente, el decreto establece que todos los procedimientos de licitación, contratación y adjudicación se deberán realizar a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 416/2025.
Con esta decisión, el Gobierno avanza en un nuevo capítulo de su política de desestatización de empresas públicas, trasladando a manos privadas la gestión de corredores estratégicos para la circulación de mercancías y pasajeros en el país.
