En una votación anticipada por el clima político, el Gobierno sufrió este jueves una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en bloque rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes que declaran la emergencia pediátrica —con el Hospital Garrahan como símbolo— y que garantizan mayor financiamiento para las universidades públicas. Ambas normas recuperaron plena vigencia y queda por ver la reacción del Ejecutivo, que días atrás ya había demorado la transferencia de recursos para la también reactivada ley de discapacidad.
Los vetos fueron tratados en conjunto, pero se definieron de forma separada. La emergencia pediátrica obtuvo 59 votos afirmativos, siete negativos y tres abstenciones de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala. En tanto, la iniciativa universitaria consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y cuatro abstenciones: las tres del Pro y la de la radical Carolina Losada. Con estos números, ambos textos alcanzaron por amplio margen los dos tercios requeridos bajo la mirada de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.
La ley de emergencia pediátrica prevé la asignación inmediata y prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnología médica y personal esencial destinado al cuidado infantil. También establece la recomposición salarial del personal de salud —asistencial y no asistencial— que trabaja en pediatría, con una equiparación que incluye a los residentes nacionales. Esa recomposición no podrá ser menor a la percibida en términos reales en noviembre de 2023.
Otro artículo clave exime del impuesto a las ganancias a médicos y trabajadores sanitarios que realicen actividades críticas, horas extras o guardias. Además, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro nacional de referencia en alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de estas medidas entre julio y diciembre alcanzará los $65.573 millones.
En el caso de las universidades, el texto ordena actualizar desde el 1° de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de acuerdo con la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024. Para este año, fija incrementos bimestrales. También obliga al Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en un porcentaje no menor al IPC, y establece que toda suba sea remunerativa y bonificable.
Además, se deberá convocar a paritarias obligatorias cada tres meses como máximo, con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación publicada por el INDEC. Este punto ya había sido cuestionado en el pasado, pero obtuvo respaldo mayoritario en el recinto.
Durante la sesión, la senadora Lucía Corpacci (Catamarca) y Eduardo “Wado” de Pedro (Buenos Aires), ambos del Frente de Todos, encabezaron la defensa de las leyes. “No podemos mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica qué pasa con la atención pediátrica”, advirtió Corpacci. Su compañero Guillermo Andrada agregó: “El Presidente no entiende que ante conquistas como las universidades, el pueblo no se va a rendir. A más vetos, más votos”.
El pampeano Pablo Bensusán sostuvo que la discusión no era técnica ni fiscal, sino política y moral. “Para Milei, sólo estudia el que paga y sólo se atiende quien tiene obra social privada. Es un proyecto de motosierra que no corta privilegios, sino derechos”, afirmó.
La larretista Guadalupe Tagliaferri criticó al Ejecutivo por “romper todos los puentes” con el Congreso y acusó a la Casa Rosada de haber “ninguneado a gobernadores” y de usar fondos con lógica electoral. “Dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente”, reclamó.
Desde la UCR, el fueguino Pablo Blanco planteó que debe haber “equilibrio social además del fiscal”. Maximiliano Abad, su par bonaerense, lamentó que “después de más de un año y medio” todavía se discuta el financiamiento universitario: “Ninguna política pública tiene sentido si no priorizamos la educación”.
Otros legisladores remarcaron el impacto de las medidas. El puntano Fernando Salino advirtió que si el Gobierno no cumple con la ley incurrirá en un delito. El correntino Carlos Espínola recordó que “miles de familias recorren cientos de kilómetros con la esperanza de que su hijo sea curado en el Garrahan”. Su comprovinciano Eduardo Vischi habló de un “récord de insensibilidad” por parte del oficialismo.
El jefe del Frente de Todos, José Mayans, comparó la gestión de Milei con la de Alberto Fujimori y aseguró que “el plan ya fracasó”, mencionando el cierre de más de 16.000 pymes.
Por el oficialismo, el jujeño Ezequiel Atauche acusó al kirchnerismo de “usar a los niños para hacer política” y aseguró que el Gobierno dio “un 274% de aumento real” al Garrahan, aunque sin precisiones. También cuestionó la administración de la Universidad de Buenos Aires, a la que señaló por falta de auditorías y triangulaciones en contrataciones.
Con estas definiciones, el Senado dejó sin efecto los vetos presidenciales y reinstaló la vigencia de las leyes sobre financiamiento del Garrahan y de las universidades. El próximo paso lo deberá dar el Ejecutivo, que ahora enfrenta el dilema de cumplir o no con lo establecido por el Congreso.
