El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo judicial que suspendió por seis meses la disolución de Vialidad Nacional, luego de que se hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina. Así lo comunicó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X.
La decisión de la Justicia frena momentáneamente cualquier acto administrativo derivado del decreto que disponía la eliminación del organismo vial. La semana pasada, el propio Adorni había anunciado en la Casa Rosada el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y de la Agencia de Seguridad Vial, al considerar que fueron “el eje de la corrupción en la obra pública”.
En ese contexto, el vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras dependencias del Ministerio de Economía se harían cargo de las tareas vinculadas a la planificación e infraestructura vial. A su vez, el control de las concesiones pasaría a manos de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Vialidad Nacional fue durante décadas el organismo técnico responsable del diseño, construcción, conservación y fiscalización de la red vial en la Argentina. Su objetivo principal era asegurar la conectividad territorial mediante rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en los principales corredores viales como en aquellos claves para el transporte productivo y turístico.
En paralelo con la publicación del decreto de disolución, el Gobierno libertario también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que ahora se denomina Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
