La Justicia Federal ordenó la prisión preventiva por 90 días para el cardiólogo Martín Andrada y el enfermero Martín P., quienes fueron imputados en una causa vinculada al hallazgo de una importante cantidad de ampollas de fentanilo y morfina en una vivienda de la localidad santafesina de Wheelwright.
La medida fue dispuesta durante una audiencia realizada en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, encabezado por el juez Aurelio Cuello Murua, tras la presentación de cargos efectuada por los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi.
La investigación avanza actualmente en dos líneas paralelas. Por un lado, se analiza el presunto desvío y utilización irregular de medicamentos controlados. Por otro, se profundiza una causa por una supuesta defraudación al PAMI. Los investigadores buscan reconstruir el recorrido de adquisición y distribución de los insumos secuestrados, mientras continúan los peritajes sobre la documentación y los registros electrónicos incautados durante los procedimientos.
El caso generó preocupación dentro del ámbito sanitario regional debido a las posibles consecuencias que podría tener sobre la confianza de los pacientes y los mecanismos de control de las prestaciones médicas.
Durante los allanamientos realizados por la Policía Federal fueron encontradas 243 ampollas de fentanilo utilizadas y 50 ampollas de morfina sin usar. Según la investigación, los medicamentos estaban ocultos dentro de una caja fuerte ubicada en la vivienda que compartían los acusados.
Además, los efectivos secuestraron una importante cantidad de insumos médicos y hospitalarios. Entre los elementos hallados había material quirúrgico, vacunas inyectables y distintos medicamentos de uso frecuente en centros de salud, como diclofenac, ketorolaco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina. También se encontraron bisturíes y otros elementos utilizados en procedimientos médicos.
La magnitud y diversidad de los fármacos secuestrados impulsó la apertura de una causa paralela por presunto almacenamiento y suministro indebido de estupefacientes. Sin embargo, los investigadores remarcaron que el operativo no surgió originalmente por una denuncia relacionada con narcóticos, sino como parte de una pesquisa sobre supuestas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas al PAMI, la principal obra social destinada a jubilados y pensionados del país.
De acuerdo con los registros analizados por la Justicia, Andrada habría declarado la atención de más de 5.000 afiliados y la realización de más de 50.000 estudios y prácticas médicas en apenas dos años. Estas cifras despertaron sospechas entre los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, quienes detectaron inconsistencias entre los datos informados y la actividad médica que pudo ser efectivamente comprobada.
Según la investigación, numerosos beneficiarios que figuraban como atendidos por el profesional residían en otras provincias y aseguraron no haber recibido nunca las prestaciones registradas a su nombre.
Las autoridades estiman que el presunto fraude podría alcanzar los 700 millones de pesos. De ese monto, alrededor de 580 millones habrían sido abonados directamente por el PAMI al médico investigado.
La pesquisa también sostiene que Andrada registraba diariamente una gran cantidad de consultas, electrocardiogramas, estudios Holter y otras prácticas médicas. La investigación comenzó luego de que la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el Ámbito de Actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI) recibiera denuncias de afiliados que desconocían los servicios que aparecían cargados en sus historiales.
Las pruebas obtenidas durante los procedimientos en Wheelwright permitieron a los investigadores vincular el hallazgo de fentanilo y morfina con la causa principal por la presunta estafa al organismo previsional.
En ese contexto, los fiscales imputaron a ambos acusados por el supuesto suministro de estupefacientes fuera de los tratamientos terapéuticos autorizados y por ejercicio ilegal de la medicina, delitos que complican aún más su situación procesal.
Al fundamentar la medida cautelar, el juez Cuello Murua consideró necesario dictar la prisión preventiva para garantizar el desarrollo de la investigación y evitar posibles riesgos procesales.
En los próximos días, Andrada deberá volver a comparecer ante la Justicia en el marco de la causa por la presunta estafa millonaria al PAMI. Mientras tanto, los investigadores intentan establecer la dimensión total de las maniobras bajo sospecha y determinar si existieron otras personas involucradas en la operatoria.
El avance de las actuaciones podría derivar en nuevas imputaciones y en una ampliación de la investigación, mientras se aguardan definiciones sobre la situación judicial de los detenidos y el destino de los medicamentos e insumos médicos secuestrados durante los allanamientos.
