El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a penas de entre tres y 15 años de prisión a los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes en actividad, exonerados y aspirantes a incorporarse a la fuerza. Los acusados fueron juzgados por dos operaciones de transporte de cocaína que totalizaron 334 kilos y que fueron desarticuladas durante procedimientos realizados en 2024 en la provincia.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, responsable del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
Además de las condenas, el tribunal presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los jueces Domingo Batule y Diego Matteucci ordenó el decomiso de una vivienda ubicada en Orán y de tres camionetas utilizadas por la organización para llevar adelante las maniobras ilícitas: dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.
Durante la audiencia se dieron a conocer las penas impuestas a cada uno de los involucrados. Richar Ariel Delgado, gendarme exonerado, y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, finquero de Orán, fueron condenados a 15 años de prisión como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas en dos hechos distintos.
Por la misma figura penal, Jonathan Leonel Ostapowicz, comerciante oriundo de Posadas, recibió una condena de 14 años de prisión.
A su vez, Adrián Emilio Escarlata, también exonerado de la Gendarmería Nacional, fue sentenciado a 12 años de cárcel por su participación en uno de los transportes investigados.
En tanto, Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional que se desempeñaba en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo al momento de los hechos y hermano de Richar Delgado, fue condenado a nueve años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de participantes como por su condición de funcionario público.
Por otra parte, Federico Rubén Batista, integrante activo de la fuerza federal, y Francisco Agustín Flores, aspirante a incorporarse a la institución, recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional en calidad de partícipes secundarios.
La causa se inició a partir de un procedimiento de flagrancia, aunque con el avance de las tareas investigativas se logró descubrir una estructura criminal con una compleja logística integrada por gendarmes en actividad, exonerados y colaboradores civiles.
Según se informó, el primero de los hechos investigados ocurrió en mayo de 2024 en la localidad salteña de General Pizarro. El segundo episodio tuvo lugar en octubre del mismo año en Rosario de la Frontera.
Al momento de fundamentar las condenas, la presidenta del tribunal resaltó la magnitud de la organización, el volumen de droga secuestrado y el nivel de planificación que quedó demostrado durante el juicio.
“Si esa droga hubiera llegado a destino podría haber afectado a más de dos millones de personas”, expresó la jueza Gabriela Catalano al referirse a los resultados de los peritajes químicos realizados sobre los estupefacientes secuestrados. Los análisis determinaron una producción estimada superior a las 2.700.000 dosis, con una pureza del 84%.
“La salud pública es la salud de la sociedad entera; cada dosis afecta no solo al adicto, sino también a su familia y a toda la comunidad”, concluyó la magistrada.
