La Justicia condenó este martes a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil a prisión perpetua por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, asesinado en julio de 2023 y encontrado posteriormente descuartizado en un arroyo de Ingeniero Budge, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
La resolución se conoció durante una audiencia que se realizó de manera virtual. Según explicó el abogado Sebastián Queijeiro, integrante de la querella, los tres condenados participaron de la audiencia desde las celdas donde se encontraban alojados.
El fallo llegó poco más de un mes después de que un jurado popular declarara culpables por unanimidad a los tres acusados. El 6 de julio, los integrantes del tribunal ciudadano los encontraron responsables del delito de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y por el uso de un arma de fuego.
El reclamo de la familia de “Lechuga” Pérez Algaba
Tras conocerse la condena, Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, expresó su conformidad con la decisión judicial, aunque manifestó su preocupación por la situación de otro de los acusados en el expediente.
En particular, cuestionó que el hombre señalado como responsable de desmembrar el cuerpo del empresario continúe en libertad hasta el inicio del juicio.
“Es algo que no entiendo como la persona que descuartizó a Fernando esté libre hasta el comienzo del juicio. Estamos en Argentina”, sostuvo el hermano de la víctima al referirse a esa situación.
La causa todavía no quedó cerrada para todos los involucrados. Existen otros cuatro imputados que deberán enfrentar un proceso diferente.
Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras. Los cuatro serán sometidos a un juicio ordinario que se desarrollará ante el mismo Tribunal, aunque por el momento no se estableció una fecha para su realización.
Cómo ocurrió el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba
Fernando Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023, en un campo ubicado en la localidad bonaerense de General Rodríguez. De acuerdo con la acusación, el empresario se había trasladado hasta ese lugar para cobrar una deuda que mantenía con Maximiliano Pilepich.
El empresario recibió dos disparos y luego su cuerpo fue desmembrado. Los restos fueron trasladados y posteriormente arrojados en un arroyuelo ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Una parte del cadáver fue encontrada dentro de una valija. La propiedad de ese equipaje generó inicialmente una investigación sobre una joven trans, quien en un primer momento quedó imputada en el expediente. Sin embargo, finalmente fue sobreseída y no llegó a juicio.
La principal hipótesis de la investigación apuntó desde el comienzo a un móvil económico. La acusación sostuvo que el crimen tuvo como objetivo evitar el pago de una deuda de aproximadamente 200 mil dólares, correspondiente a cuatro departamentos que Pérez Algaba reclamaba.
La hipótesis de la querella
La querella sostuvo que el dinero fue el principal motivo detrás del asesinato y señaló que Pilepich y Vargas planificaron el ataque contra el empresario.
De acuerdo con esa reconstrucción, la gestora Flavia Bomrad habría tenido un papel clave al trasladar a Pérez Algaba hasta un campo de General Rodríguez, lugar donde posteriormente se produjo el homicidio.
La investigación también atribuyó diferentes funciones al resto de los acusados. Según la querella, Gil y Carrizo colaboraron con el traslado del cadáver, mientras que el comisario Horacio Córdoba quedó señalado por su presunta intervención en el desmembramiento del cuerpo y su ocultamiento dentro de valijas.
Posteriormente, siempre según la acusación, los restos fueron llevados hasta un arroyuelo de Ingeniero Budge, donde terminaron esparcidos.
Con las condenas a prisión perpetua de Pilepich, Vargas y Gil, la Justicia resolvió la situación de los tres acusados que llegaron al juicio por jurados. Mientras tanto, el expediente continuará con los otros cuatro imputados, quienes deberán afrontar un juicio ordinario cuya fecha todavía no fue definida.
La sentencia marcó así un nuevo capítulo en uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años en la provincia de Buenos Aires, que comenzó con el asesinato de Pérez Algaba y el posterior hallazgo de sus restos desmembrados en Ingeniero Budge.
