La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) consiguió una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo contra el hombre acusado de vender gomitas masticables impregnadas con THC, las cuales provocaron la intoxicación y posterior internación de cuatro personas.
El fallo fue dictado por el juez del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°30, Juan José Cavallari, quien además dispuso el decomiso de todos los elementos incautados durante la investigación.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal porteño, la causa comenzó luego de que cuatro hombres compraran los productos a través de un sitio web y sufrieran cuadros severos de salud tras consumirlos en un domicilio ubicado en el barrio de Balvanera.
A partir de una investigación que incluyó tareas de campo y pericias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), los investigadores lograron determinar que el imputado era el administrador del portal donde se ofrecían productos elaborados con cannabis.
Con esa información, se concretó un allanamiento en un country de la localidad de Hudson, donde los efectivos policiales secuestraron 513 paquetes de gomitas de distintas formas, 150 cápsulas para vaporizadores, 35 dispositivos vapers con THC, además de cogollos de marihuana y semillas.
El expediente también incorporó el secuestro de dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos, los cuales fueron sometidos a peritajes.
La fiscal Cecilia Amil Martín imputó al acusado por los delitos de suministro oneroso y comercialización de estupefacientes, advirtiendo que la venta a través de internet “incrementaba el riesgo de acceso por parte de menores de edad”.
Por su parte, los análisis toxicológicos confirmaron que los productos contenían cannabinoides, resina de cannabis y extractos y tinturas de la misma sustancia, todas de comercialización prohibida según la normativa vigente.
Finalmente, el juez Cavallari resolvió confirmar la pena de prisión efectiva al considerar acreditada la actividad ilícita con fines económicos desarrollada por el imputado, que puso en riesgo la salud pública.
