Dos agentes aduaneros serán sometidos a juicio en la provincia de Mendoza, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de una causa iniciada por un operativo realizado en abril de 2013 en el que no se habría detectado mercadería de contrabando en un micro procedente de Chile.
El episodio tuvo lugar durante la madrugada del 21 de abril de 2013, cuando un ómnibus que ingresaba al país desde territorio chileno llegó al Complejo Aduanero Los Horcones. Según la investigación, la jefa de sección del puesto de control ordenó a dos agentes que realizaran la inspección del vehículo.
Tras la revisión inicial, el micro continuó su recorrido por la Ruta Nacional N°7 hacia la localidad mendocina de Uspallata. Sin embargo, más adelante, personal del control aduanero del Área de Control Integrado detectó una importante cantidad de mercadería de origen extranjero y sin declarar oculta dentro del vehículo, lo que encendió las alarmas sobre la inspección previa.
Ante este hallazgo, desde ese segundo puesto de control se comunicaron con Los Horcones para consultar si el ómnibus había sido revisado y si se había realizado el correspondiente control de la carga. En ese contexto, la jefa de sección interrogó a los agentes involucrados y, al advertir inconsistencias en sus respuestas, realizó la denuncia que dio origen a la causa.
A raíz de los hechos, en septiembre de 2014 el Juzgado Federal N°1 de Mendoza dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los dos aduaneros, señalándolos como presuntos responsables de no haber cumplido con la inspección ordenada. Posteriormente, en noviembre de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó esa decisión.
Con el avance del expediente, la defensa intentó plantear la prescripción de la acción penal argumentando una vulneración al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No obstante, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, rechazar ese pedido y ratificar lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza, lo que habilita la continuidad del proceso judicial y el paso a juicio oral.
