El Gobierno nacional avanzó formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), habilitando la venta de acciones, la participación de capital privado en la compañía y la posibilidad de interrumpir el servicio ante la falta de pago por parte de los usuarios.
Las nuevas medidas fueron dispuestas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que reformó el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales.
Uno de los principales cambios fue la modificación del artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía que el 90% del capital de AySA pertenecía al Estado y que esas acciones eran intransferibles. Con el nuevo texto, se autoriza al Estado Nacional a enajenar total o parcialmente su participación accionaria, abriendo así la puerta a la privatización de la empresa que brinda servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Además, el DNU incorporó nuevas atribuciones para la empresa concesionaria, entre ellas:
- La posibilidad de cortar el suministro en caso de mora de los usuarios.
- La facultad de auditar técnica y financieramente todas las obras realizadas dentro del área regulada.
- La potestad de constituir garantías con los fondos provenientes del Contrato de Concesión, para asegurar el repago de financiamientos destinados al servicio público.
En paralelo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) la elaboración de un Plan Director de Mejora Estratégica. Este plan deberá establecer lineamientos técnicos para ampliar y mejorar la infraestructura, incluyendo la programación de proyectos, fuentes de financiamiento y entes ejecutores.
Asimismo, el Gobierno autorizó que el Contrato de Concesión contemple un régimen de transición de hasta cinco años desde la formalización de la privatización, con el objetivo de implementar de manera ordenada las nuevas disposiciones y mantener el equilibrio económico-financiero del contrato.
En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo justificó los cambios señalando que el esquema vigente fue pensado para una gestión estatal que ya no se adapta a las necesidades actuales. “El diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere”, se argumentó, y se destacó que el modelo estatal “no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.
También se mencionó el contexto económico: “La presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”, remarcó el texto. Según el Gobierno, esta situación se refleja en el “creciente deterioro operativo y financiero” de AySA, cuya estructura actual no puede dar respuesta a las demandas de cobertura, calidad y sostenibilidad.
El Gobierno nacional avanzó formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), habilitando la venta de acciones, la participación de capital privado en la compañía y la posibilidad de interrumpir el servicio ante la falta de pago por parte de los usuarios.
Las nuevas medidas fueron dispuestas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que reformó el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales.
Uno de los principales cambios fue la modificación del artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía que el 90% del capital de AySA pertenecía al Estado y que esas acciones eran intransferibles. Con el nuevo texto, se autoriza al Estado Nacional a enajenar total o parcialmente su participación accionaria, abriendo así la puerta a la privatización de la empresa que brinda servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Además, el DNU incorporó nuevas atribuciones para la empresa concesionaria, entre ellas:
- La posibilidad de cortar el suministro en caso de mora de los usuarios.
- La facultad de auditar técnica y financieramente todas las obras realizadas dentro del área regulada.
- La potestad de constituir garantías con los fondos provenientes del Contrato de Concesión, para asegurar el repago de financiamientos destinados al servicio público.
En paralelo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) la elaboración de un Plan Director de Mejora Estratégica. Este plan deberá establecer lineamientos técnicos para ampliar y mejorar la infraestructura, incluyendo la programación de proyectos, fuentes de financiamiento y entes ejecutores.
Asimismo, el Gobierno autorizó que el Contrato de Concesión contemple un régimen de transición de hasta cinco años desde la formalización de la privatización, con el objetivo de implementar de manera ordenada las nuevas disposiciones y mantener el equilibrio económico-financiero del contrato.
En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo justificó los cambios señalando que el esquema vigente fue pensado para una gestión estatal que ya no se adapta a las necesidades actuales. “El diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere”, se argumentó, y se destacó que el modelo estatal “no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.
También se mencionó el contexto económico: “La presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”, remarcó el texto. Según el Gobierno, esta situación se refleja en el “creciente deterioro operativo y financiero” de AySA, cuya estructura actual no puede dar respuesta a las demandas de cobertura, calidad y sostenibilidad.
