Tres viviendas de la localidad bonaerense de Canning que operaban de manera clandestina como plantas de tratamiento y envasado de agua potable fueron allanadas por la Policía Federal Argentina. Durante los procedimientos se constató que los establecimientos funcionaban sin las habilitaciones correspondientes y que, además, vertían sustancias químicas a la vía pública, generando un potencial riesgo sanitario para los habitantes de la zona.
Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina, por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella. La investigación se inició tras diversas denuncias realizadas por vecinos que advertían irregularidades en distintos domicilios.
De acuerdo con la investigación, las propiedades habían sido acondicionadas como plantas ilegales para el tratamiento y embotellado de agua presuntamente potable, destinada principalmente a su distribución en los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Las denuncias también señalaban que desde esos lugares se arrojaban residuos y sustancias químicas directamente a la vía pública, situación que podía ocasionar contaminación ambiental y afectar la salud de quienes viven en las inmediaciones.
Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos en los inmuebles ubicados en Canning.
Durante los procedimientos, especialistas del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal realizaron la extracción de muestras de agua y otras sustancias para efectuar análisis químicos, verificar la potabilidad y llevar adelante los controles bromatológicos correspondientes.
Tras las inspecciones, se comprobó que los establecimientos carecían de las habilitaciones y la documentación exigidas para desarrollar la actividad. Además, los peritos detectaron serias deficiencias en materia de limpieza e higiene, incompatibles con un proceso de producción de agua destinada al consumo.
Ante ese escenario, el magistrado dispuso la clausura e inutilización de las maquinarias utilizadas para el envasado. Asimismo, fueron secuestrados 600 bidones plásticos de 20 litros, de los cuales 100 estaban llenos, tres teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.
Como resultado de la investigación, dos hombres de 62 años y una mujer de 39 fueron notificados de la imputación. Tanto los acusados como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia en una causa por presunta infracción a la Ley 18.284 del Código Alimentario Argentino y por la presunta violación del artículo 172 del Código Penal.
