Un total de 13 chicos fueron rescatados de un supuesto “hogar” infantil en Florencio Varela, donde vivían sometidos a condiciones extremas e inhumanas. Según la investigación, los menores sufrían violencia física, realizaban trabajos pesados —desde tareas de albañilería hasta la recolección de heces—, no recibían atención médica y eran obligados a trabajar incluso cuando estaban enfermos.
De acuerdo con el parte oficial, el caso se descubrió en el marco de una investigación judicial impulsada por la Fiscalía N.º 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo.
En el lugar, que debía funcionar como espacio de protección para los menores, se vulneraban todos sus derechos. Los chicos eran obligados a trasladar con carretillas las heces y residuos de 31 perros y dos caballos, alimentar a los animales y realizar tareas de limpieza en las viviendas y el mobiliario del predio. Muchas de esas actividades se realizaban sin supervisión adulta adecuada y en condiciones consideradas peligrosas para niños.
Además, entre las tareas que debían cumplir se encontraban preparar cemento, cargar maderas, piedras y otros materiales pesados, realizar trabajos de albañilería, cortar cañas con machetes para construir cercos y mantener el pasto del terreno. Estas labores se extendían durante gran parte del día, incluso hasta la medianoche, muchas veces bajo la lluvia y a la intemperie.
La investigación también reveló que, si los chicos se negaban a cumplir con esas obligaciones, podían recibir castigos severos. Entre ellos figuraban la privación de alimentos o ser expulsados al exterior durante la noche o en jornadas de bajas temperaturas. Además, sufrían episodios de violencia física, incluidos golpes con objetos contundentes.
Las autoridades detectaron también graves condiciones de hacinamiento, suciedad, alimentación insuficiente y falta de higiene. En algunos casos, los menores dormían en la misma cama junto a perros y continuaban trabajando aun cuando estaban enfermos, sin recibir asistencia médica.
Por otra parte, se estableció que tenían prohibido comunicarse con vecinos o con cualquier persona ajena al lugar, con el objetivo de evitar que contaran lo que ocurría dentro del establecimiento. Tampoco asistían regularmente a la escuela, lo que representaba una vulneración directa de sus derechos a la educación y a la salud.
En paralelo, la causa investiga a dos funcionarios de organismos de Niñez de la zona oeste que habrían colaborado para ocultar o alterar pruebas antes de un allanamiento. Según la hipótesis judicial, habrían utilizado información reservada sobre medidas investigativas para advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado previamente, con el objetivo de disimular las verdaderas condiciones en las que vivían los chicos.
En el marco de la investigación se realizaron varios allanamientos tanto en el predio donde funcionaba el hogar como en domicilios y oficinas vinculadas a los funcionarios sospechados. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares de distintas marcas, un disco rígido de 160 GB y documentación considerada clave para el avance del expediente.
Los operativos estuvieron a cargo del área de Cibercrimen contra las Infancias y delitos vinculados a la trata de personas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
