El número de personas fallecidas a causa de la represión ejercida por el régimen de Irán contra las protestas sociales ascendió a 648, según datos difundidos este lunes por la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. La cifra corresponde únicamente a víctimas cuya muerte pudo ser verificada, en un contexto marcado por fuertes restricciones informativas.
De acuerdo con IHR, al menos 648 manifestantes perdieron la vida como consecuencia de la actuación de las fuerzas de seguridad de la República Islámica frente al movimiento de protesta que se extiende en distintos puntos del país. Sin embargo, la organización advirtió que el número real podría ser considerablemente mayor debido a las limitaciones para acceder a información confiable desde el interior de Irán.
El director de Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, sostuvo que la comunidad internacional “tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a la matanza masiva perpetrada por la República Islámica”, según declaraciones citadas por la agencia AFP. En ese sentido, la ONG señaló que algunas estimaciones elevan el número de víctimas fatales por encima de las 6.000.
No obstante, IHR remarcó que el bloqueo casi total de internet impuesto por las autoridades iraníes durante cerca de cuatro días vuelve “extremadamente” difícil la verificación independiente de la información sobre personas fallecidas. La falta de conectividad y las restricciones a la prensa limitan la posibilidad de confirmar datos provenientes de distintas regiones del país.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, luego del colapso del rial iraní, que cayó hasta 1,42 millones por dólar estadounidense, un mínimo histórico que aceleró la inflación. El fuerte aumento en los precios de alimentos y combustibles desató un estallido social inicialmente en dos mercados del centro de Teherán, que luego se extendió a más de 280 localidades distribuidas en 27 provincias.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) informó que, desde los primeros días, la respuesta estatal incluyó una represión violenta, cortes de internet y amenazas de aplicar la pena de muerte. Según esa ONG, hasta este lunes el número de muertos ascendía al menos a 500, cifra que continuó aumentando con el paso de los días.
El 29 de diciembre, tras la expansión de las protestas, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, presentó su renuncia, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Al día siguiente, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunió con representantes del sector empresarial y prometió abordar la crisis económica.
El episodio de mayor violencia se registró el 1 de enero en la ciudad de Azna, en la provincia de Lorestán, donde videos difundidos en redes sociales mostraban incendios, disparos y enfrentamientos. También se reportaron muertes en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, además del asesinato de un voluntario de la fuerza Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a través de su red Truth Social que, si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, su país intervendría para rescatarlos. El mensaje se produjo en un contexto de tensión reciente tras bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.
Un día antes, Trump afirmó que Teherán había propuesto negociaciones luego de su amenaza de represalias por la represión interna. Para ese momento, activistas contabilizaban al menos 544 muertos durante las protestas, según cifras difundidas por HRANA.
