El Parlamento Europeo resolvió paralizar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que analice si el texto es compatible con los tratados comunitarios. En la práctica, la decisión congela el proceso de ratificación hasta que el máximo órgano judicial europeo emita su opinión, lo que podría retrasar la entrada en vigor del pacto durante un período estimado de entre 18 y 24 meses.
El acuerdo fue firmado este sábado 17 de enero, tras 26 años de negociaciones, y a partir de ese momento se activó el procedimiento de ratificación parlamentaria. Para agilizar el trámite, la Comisión Europea optó por una estructura jurídica que separa la parte comercial del acuerdo de los capítulos políticos y de cooperación. De ese modo, el componente estrictamente comercial —al tratarse de una competencia exclusiva de la UE— solo requiere el consentimiento del Parlamento Europeo para avanzar de forma provisional, aunque no sin dificultades.
En cambio, la ratificación del acuerdo de asociación completo resulta más compleja, ya que incluye disposiciones políticas que obligan a la aprobación de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros. Solo cuando todos los países de la Unión Europea y del Mercosur concluyan sus respectivos procesos internos, el acuerdo de asociación entrará plenamente en vigor y reemplazará al eventual acuerdo comercial interino.
Este miércoles 21 de enero, la Eurocámara aprobó una moción que pone en duda si el texto recién firmado respeta los tratados de la Unión Europea. La iniciativa salió adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Una segunda moción similar, impulsada por el bloque de ultraderecha Patriotas por Europa, fue rechazada. La votación se produjo apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, celebrada en el teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, lugar emblemático por ser la cuna del Mercosur.
Con esta resolución, el TJUE deberá examinar la base jurídica tanto del acuerdo de asociación (EMPA) como del acuerdo comercial interino (ACI), cuya competencia recae exclusivamente en la Unión Europea. Hasta que el tribunal se pronuncie, el Parlamento Europeo no someterá el acuerdo a votación en el pleno, aunque los eurodiputados podrán continuar analizando el contenido del texto.
Si bien la decisión suspende el proceso de ratificación, la Comisión Europea mantiene la posibilidad de avanzar con la aplicación provisional de la parte comercial, siempre que al menos uno de los países del Mercosur complete su proceso interno de adopción. Entre los puntos que la Eurocámara solicitó aclarar al tribunal figura el denominado mecanismo de reequilibrio, que habilita a los países del Mercosur a impugnar normas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones. Este aspecto despertó inquietud entre los legisladores, que temen una eventual colisión con la autonomía regulatoria de la UE y con sus tratados fundacionales.
También se cuestiona la potestad de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes —una política y otra comercial—, una estrategia que, según algunos eurodiputados, facilitó la firma al permitir que el capítulo comercial avance sin el aval de los parlamentos nacionales. En ese sentido, se pone bajo la lupa tanto la validez legal del mecanismo de reequilibrio como la base jurídica elegida para aprobar los capítulos comerciales sin ratificación nacional.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que este tipo de dictámenes suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque aclaró que tiene “control total” sobre los procedimientos y que puede darles prioridad si las circunstancias lo requieren. Pese a ello, en el Parlamento ya se anticipaba que la votación sería muy ajustada y que existía el riesgo de retrasar la ratificación en un contexto internacional marcado por las amenazas arancelarias de Donald Trump y las tensiones geopolíticas recientes.
Tras la votación, la copresidenta de la Izquierda Europea, Manon Aubry, celebró el resultado y advirtió que cualquier intento de aplicar provisionalmente el acuerdo sería “otro escándalo democrático”, mientras los agricultores llevan meses manifestándose contra el pacto. En la misma línea, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos valoró la resolución como una “pequeña victoria” y aseguró que la presión del sector productivo ha dado resultados, por lo que mantendrán el calendario de protestas.
Desde los Verdes europeos, la eurodiputada Saskia Bricmont sostuvo que la votación envía un mensaje claro a la Comisión y al Consejo, al considerar que Europa no puede seguir sacrificando a los agricultores, la salud pública y el clima en nombre del libre comercio. En contraste, el portavoz de comercio del Partido Popular Europeo, Jörgen Warborn, calificó la decisión como una maniobra “política” destinada a bloquear un acuerdo que, a su juicio, la Unión Europea necesita con urgencia.
La Comisión Europea lamentó la decisión del Parlamento y afirmó que las preocupaciones planteadas ya fueron abordadas en profundidad. Según Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario, las cuestiones señaladas en la moción no estarían justificadas. No obstante, dentro del propio Partido Popular Europeo se reconoce la inquietud existente en algunos sectores productivos, aunque advierten que recurrir al TJUE podría ser una estrategia para demorar un tratado que, según sus estimaciones, tendría un impacto positivo significativo en el PIB europeo.
En paralelo, la líder socialdemócrata Iratxe García defendió el acuerdo con el Mercosur como una respuesta estratégica frente a las políticas comerciales de Estados Unidos, mientras que desde los Verdes se insistió en que consultar al TJUE es una herramienta legítima para despejar dudas legales.
En sintonía con esta decisión, el Parlamento Europeo bloqueó temporalmente el pacto y dejó el acuerdo en pausa a la espera del pronunciamiento judicial. Desde Buenos Aires, fuentes legislativas recordaron que el convenio también deberá ser aprobado por los parlamentos de los países miembros del Mercosur. En Argentina, el presidente Javier Milei incluyó la aprobación del acuerdo dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, mientras el proceso europeo entra ahora en una etapa de revisión legal que podría extenderse por varios meses.
