En un clima de confusión parlamentaria, la oposición no logró convertir en ley el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), lo que otorgó un respiro temporal al Gobierno. Ahora, la decisión final dependerá del Senado, que podría tratar nuevamente la media sanción en una próxima sesión.
La victoria del oficialismo es pírrica: el Ejecutivo gana tiempo hasta que el Senado vuelva a debatir la iniciativa, que busca limitar la facultad del presidente de gobernar mediante DNU.
En la votación en general, la oposición consiguió 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, pero la situación cambió al tratarse el artículo 3 de la reforma a la ley 26.122, que proponía un plazo de vigencia de 90 días para los decretos y dar tiempo al Gobierno para lograr su convalidación en ambas cámaras. El artículo fue rechazado por dos votos: 127 positivos, 90 negativos y 17 abstenciones.
Para que la reforma se convirtiera en ley, todos los artículos debían ser ratificados tal como llegaron desde el Senado. Entre los temas que preocupaban a la Casa Rosada, la reforma a la ley de DNU era el más relevante, ya que permitiría a la oposición derogar decretos con el rechazo de una sola cámara, y no de ambas como ocurre actualmente.
El régimen vigente sobre DNU fue diseñado por la entonces senadora Cristina Kirchner para reforzar un modelo de hiperpresidencialismo durante la presidencia de Néstor Kirchner, dificultando que las oposiciones pudieran anular decretos del Poder Ejecutivo.
Con la reforma propuesta, los DNU tendrían una vigencia de tres meses desde su publicación, tiempo que tendría el oficialismo para lograr la convalidación en ambas cámaras. La oposición, en cambio, podría derogar un decreto con el rechazo de una sola cámara. Además, si se deroga un decreto, el Ejecutivo no podría emitir otro sobre la misma materia hasta el siguiente año parlamentario. La modificación también limitaría que un decreto abarque más de una materia, como ocurrió con el polémico DNU 70/2023.
Los discursos
Mónica Litza (Unión por la Patria) aseguró que la reforma “no es para quitarle facultades al presidente Milei”, mientras que Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) sostuvo que el proyecto no busca atacar al presidente Javier Milei sino garantizar “una democracia de consenso”.
Por su parte, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) criticó la iniciativa, asegurando que busca “desestabilizar al Gobierno” y “generar inseguridad jurídica”, y cuestionó que la reforma atente contra la Constitución. Juan Manuel López (Coalición Cívica) advirtió sobre la utilización excesiva de los DNU, mientras que Fernando Iglesias (PRO) calificó el proyecto como “destituyente”.
Martín Tetaz (UCR) consideró que la reforma es “oportunista” porque traslada poder a una Cámara contraria al Gobierno. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) defendió la medida, destacando la necesidad de limitar los DNU y garantizar un proceso deliberativo más sólido. Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda) se mostró crítico con los DNU pero comprometió apoyo para limitar el régimen, proponiendo 30 días de vigencia y la anulación de los decretos rechazados.
Rodrigo de Loredo (UCR) lamentó que la oposición haya optado por el “todo o nada” y sugirió una entrada en vigor más gradual a partir del 10 de diciembre de 2027. Nicolás Massot (Encuentro Federal) destacó que la reforma busca fortalecer la gobernabilidad y subrayó la necesidad de que el Gobierno forme mayorías parlamentarias.
