Una mujer fue arrestada en las últimas horas en la provincia de San Luis, acusada de llevar adelante una presunta estafa inmobiliaria. Según la investigación, habría vendido más de 50 terrenos que en realidad pertenecían al Estado, perjudicando a unas 30 familias de la ciudad de Villa Mercedes.
La detenida fue identificada como Maité Reina del Portugal Escudero y su captura se concretó este jueves, luego de una investigación que se extendió durante unos diez días. En ese período se reunieron pruebas que permitieron avanzar con la acusación judicial.
El fiscal que interviene en el caso es Leandro Estrada. El representante del Ministerio Público Fiscal busca imputar a Escudero por el delito de estafa en concurso real. Además, la causa también intenta determinar si existieron otras personas involucradas en la maniobra.
La situación salió a la luz cuando un grupo de topadoras del Gobierno ingresó al terreno para iniciar trabajos preparatorios. El objetivo era avanzar con la construcción de unas 300 viviendas sociales. Sin embargo, al llegar al predio encontraron que ya había personas viviendo en el lugar. Ante esta situación, la Municipalidad de Villa Mercedes presentó una denuncia ante la Justicia el pasado 2 de marzo.
El campo en cuestión tiene una extensión aproximada de 12 manzanas y se ubica al noreste de la ciudad. Ese terreno había sido cedido al Estado provincial en noviembre del año pasado con el objetivo de desarrollar un proyecto habitacional.
La investigación sostiene que la acusada habría vendido de manera irregular los lotes por alrededor de 15 millones de pesos cada uno. Cada parcela contaba con una superficie cercana a los 500 metros cuadrados y, en total, se habrían comercializado al menos 54 terrenos.
De acuerdo con la hipótesis del caso, la maniobra habría comenzado luego de que Escudero afirmara haber gestionado la posesión veinteañal de las tierras, una figura legal que permite obtener la propiedad de un inmueble tras ocuparlo durante dos décadas.
Para dar mayor apariencia de legalidad a las operaciones, la mujer habría llevado a los compradores a una escribanía, donde les entregaba un croquis con la ubicación de los lotes junto con documentos de cesión de derechos posesorios. Posteriormente se realizaban las transferencias de dinero.
Cuando la situación se hizo pública, algunos compradores ya habían entregado sus vehículos como parte de pago. Otros incluso habían iniciado obras de construcción en los terrenos que actualmente se encuentran en disputa.
El abogado de la municipalidad, Mauro Sabattini, consideró correcta la detención de la sospechosa. “Esto es una medida precautoria para evitar que pueda entorpecer la investigación que está llevando adelante el fiscal”, sostuvo.
El letrado agregó: “Ojalá que se pueda esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y arrojar luz sobre la causa, demostrando que tanto el municipio como la provincia actuaron siempre dentro del marco de la ley y respetando todos los procedimientos correspondientes”.
En declaraciones a la prensa, Sabattini también remarcó la importancia de asesorarse antes de realizar operaciones inmobiliarias. “Desde el municipio, en reiteradas oportunidades, tanto en conferencias de prensa como en comunicados, recomendamos que antes de comprar un inmueble consulten con su abogado de confianza, con un escribano, con un martillero y también con la Municipalidad. No hemos recibido consultas previas por parte de los vecinos antes de concretar las compras”, explicó.
Los planos del desarrollo habitacional ya habían sido presentados por la provincia ante el municipio para avanzar con la construcción de las viviendas. Actualmente, en el predio continúan trabajando máquinas que realizan tareas preparatorias.
Vecinos que aseguran haber sido víctimas del engaño afirmaron que al menos 33 personas resultaron afectadas. “Hemos intentado organizarnos para poder luchar por un pedazo de tierra que compramos con muchísimas firmas de gente conocida de nuestra ciudad. Nos mostraron expedientes, aperturas de calles y también que otras familias ya contaban con agua y luz”, señalaron.
Además, remarcaron que en el lugar no existía ninguna señalización que indicara que las tierras habían sido cedidas al Gobierno provincial.
