El Gobierno resolvió frenar temporalmente las decisiones vinculadas a la auditoría que se realizaba sobre las pensiones por discapacidad vigentes en el país, en paralelo con la investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El organismo fue intervenido tras la filtración de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que admitía presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la compra de medicamentos.
La decisión fue adoptada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien mantiene reuniones semanales en Casa Rosada para informar al asesor presidencial, Santiago Caputo, sobre el avance del reordenamiento de la agencia.
Hasta ahora, la ANDIS había eliminado un total de 128.667 beneficios. Según los registros, 110.522 correspondían a pensiones mal otorgadas por diferentes motivos, como la repetición de estudios médicos; otras 8.107 eran de titulares fallecidos, y 10.038 correspondían a personas que habían renunciado al beneficio.
El vocero presidencial Manuel Adorni ya había anunciado meses atrás que este era un proceso gradual que podía alcanzar a más de un millón de casos. Sin embargo, la publicación de las grabaciones de Spagnuolo derivó no solo en la suspensión de las bajas, sino también en la decisión de revisar las más de 120 mil eliminaciones ya concretadas.
La intervención de la ANDIS busca determinar si hubo irregularidades durante la gestión anterior. “Las bajas están pausadas hasta que finalice la auditoría en la agencia de discapacidad, que se centra en tres ejes: pensiones, compras y estructura. Luego se definirán los pasos a seguir”, señaló una fuente cercana a Lugones.
Durante este período, no se enviarán citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios que perciben la pensión por invalidez laboral. Desde el Gobierno aclararon, no obstante, que “técnicamente el proceso de altas y bajas no se detuvo”, ya que la agencia “sigue funcionando”, aunque cualquier decisión quedará supeditada a los resultados de la auditoría.
Tampoco avanzará, por el momento, el proyecto de transformar a la ANDIS —actualmente descentralizada— en un área dependiente del Ministerio de Salud, una idea que buscaba transparentar licitaciones y contrataciones. Al tratarse de un ente con autonomía presupuestaria, podía gestionar compras sin pasar por la cartera sanitaria. “Con la intervención recién pudimos acceder a los números; antes quedaban bajo control exclusivo de la agencia”, explicaron desde el Gobierno.
Una de las trabas para concretar esta modificación es que el Ejecutivo ya no cuenta con las facultades delegadas en materia administrativa que otorgaba la Ley Bases, por lo que cualquier cambio debe pasar por el Congreso.
En paralelo, este jueves el Senado dejó sin efecto un veto presidencial y sancionó la ley que declara la emergencia en discapacidad. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que la oposición logra revertir un veto del Poder Ejecutivo.
La norma establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, y contempla cambios en las pensiones no contributivas, actualización de aranceles y compensaciones económicas, entre otros puntos. La votación contó con 63 apoyos —del kirchnerismo, sectores radicales, macristas y provinciales— y apenas siete rechazos.
El presidente Javier Milei cuestiona la medida por su impacto en el equilibrio fiscal y evalúa judicializarla para evitar cumplir con los incrementos previstos.
