El Gobierno nacional anunció la creación del Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia, una política pública orientada a reforzar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio argentino. Según explicaron las autoridades, la medida surge a partir de la detección de desigualdades entre jurisdicciones en la lucha contra el maltrato infantil.
El nuevo programa estará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, y fue aprobado mediante la Resolución 633/2025, firmada por el secretario del área, Juan Bautista Ordoñez, y publicada en el Boletín Oficial.
“Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano el ‘Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia’”, establece el documento oficial, conforme a los lineamientos del Anexo I (IF-2025-121544506-APN-SSPF#MCH), que forma parte de la resolución.
De acuerdo con el texto, la iniciativa no solo busca dar respuesta a los desafíos inmediatos que enfrentan niños y adolescentes, sino también establecer mecanismos sostenibles y de calidad que garanticen la restitución de derechos y la protección integral de este grupo poblacional. Asimismo, pretende eliminar las desigualdades en los recursos estatales disponibles entre las distintas provincias.
En los fundamentos de la medida se recordó que la Argentina adhirió a compromisos internacionales para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, se advirtió que “los esfuerzos desplegados para garantizar su protección efectiva resultaron fragmentarios, desiguales y, en muchos casos, ineficaces frente a situaciones de violencia, abandono, institucionalización crónica y ausencia de cuidados”.
Según el documento, “la configuración federal del país ha dado lugar a sistemas provinciales con distintos grados de desarrollo”, lo que condiciona la capacidad de las jurisdicciones para prevenir y proteger a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Por ello, uno de los ejes principales del programa será el fortalecimiento de los Organismos Provinciales de Niñez (OPN), en el marco de una cooperación intersectorial que optimice la respuesta estatal.
Para acceder a los beneficios y recursos de la iniciativa, las provincias deberán presentar un Plan de Acción Provincial (PAP), un documento estratégico y operativo que detalle las acciones concretas que cada jurisdicción llevará adelante, adaptadas a sus particularidades locales.
Entre las problemáticas que deberán abordarse de manera obligatoria figuran la violencia en todas sus formas, el acoso y abuso sexual infantil, la ludopatía y los consumos problemáticos, además de la situación de niños y adolescentes sin cuidados parentales, el fortalecimiento familiar, la desinstitucionalización y la aplicación de medidas de protección y excepcionales.
De todos modos, las autoridades provinciales podrán ampliar el alcance de sus planes incorporando otras temáticas que respondan a las necesidades específicas de sus territorios. De esta manera, el programa establece una base común de protección, pero al mismo tiempo promueve la flexibilidad y adecuación de las políticas públicas a los distintos contextos locales.
La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Políticas Familiares, que tendrá la facultad de dictar todas las normas aclaratorias y complementarias necesarias para su puesta en marcha. Entre sus funciones principales se encuentra la definición de procedimientos y criterios que serán incluidos en un Manual Operativo del programa.
En cuanto al financiamiento, se dispuso que los gastos derivados de la creación y funcionamiento del programa serán cubiertos con fondos destinados a las “Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, incluidos dentro del presupuesto que el Ministerio de Capital Humano asigna a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
