El Gobierno anunció la baja de más de 110 mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral que habían sido otorgadas de manera irregular en gestiones anteriores. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que hasta el momento el 60% de los beneficiarios no se presentó a verificar los requisitos, lo que motivó la suspensión de 110.522 pensiones. La cifra representa 20 mil más que las reveladas por Infobae el mes pasado. La noticia se conoció luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumenta el presupuesto para el área.
En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni precisó que, además de esas suspensiones, se dieron de baja 8.107 pensiones pertenecientes a personas fallecidas y 10.038 que fueron renunciadas voluntariamente. Según el Ejecutivo, el “ahorro” mensual para el Estado por estas medidas ronda los 35 mil millones de pesos.
Entre los casos detectados, se hallaron múltiples irregularidades, como beneficiarios que presentaron la misma radiografía, ecocardiograma o medición de presión en distintas solicitudes. En Tucumán, por ejemplo, se encontraron estudios médicos repetidos, y en Chaco se usó la misma radiografía de hombro como prueba en 150 trámites durante la gestión anterior.
La Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, ya había denunciado un fraude a gran escala que habría desviado alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. Adorni recordó que, entre 2003 y 2015, las pensiones por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000, bajaron a 1.026.000 entre 2015 y 2019, y volvieron a subir a 1.222.000 en diciembre de 2023.
El vocero comparó la situación con la de Israel, donde el 3,5% de la población activa recibe pensión por discapacidad, frente al 4,6% de Argentina, pese a que el país asiático ha sufrido atentados y conflictos bélicos, mientras que Argentina no ha atravesado guerras ni catástrofes naturales.
Las principales causas de suspensión incluyen el incumplimiento de requisitos y la inasistencia injustificada a las auditorías médicas, que podrían derivar en bajas definitivas. Desde la ANDIS explicaron que el proceso busca redirigir recursos a quienes realmente lo necesitan y garantizar transparencia en la asignación de beneficios.
La investigación abarca a todos los titulares de pensiones otorgadas bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, exceptuando a menores de edad y a quienes fueron auditados en 2024. Las auditorías están a cargo de médicos del PAMI y personal de la ANDIS.
En relación con el rechazo parlamentario al veto presidencial, Adorni acusó al Congreso de “defender un sistema corrupto que desvió fondos de todos los argentinos hacia amigos de la política”. Además, el Gobierno advirtió que la creación de la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social incrementará el gasto público en más de $2,1 billones en 2025 (0,26% del PBI) y más de $4,5 billones en 2026 (0,47% del PBI), sin contemplar el aumento de beneficiarios en el Programa Incluir Salud.
