El Gobierno nacional dispuso un incremento en el presupuesto asignado a hospitales y centros de salud de alta complejidad, con foco en los establecimientos pediátricos, a pesar de que la Ley N° 27.796 de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso, permanece suspendida en su ejecución.
El anuncio fue oficializado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de la decisión administrativa 29/2025, publicada en el Boletín Oficial. Aunque se aclaró que la partida presupuestaria prevista por la ley aún no fue resuelta, Francos remarcó que la voluntad del Gobierno es priorizar la atención sanitaria.
“Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025”, ordenó el funcionario, indicando que el cambio impactará únicamente en el área de salud. Los demás sectores continuarán recibiendo los mismos fondos públicos asignados desde 2023.
Según detalló Francos, la medida implica un refuerzo de las partidas destinadas al Ministerio de Salud para cubrir gastos operativos, sueldos y recursos en hospitales clave como el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan”, el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce – Dr. Néstor Carlos Kirchner”, el Hospital de Alta Complejidad S.A.M.I.C. “El Calafate”, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.
Además, la reasignación abarcará otros organismos descentralizados como el Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Profesor Alejandro A. Posadas”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”.
El Gobierno explicó que la modificación presupuestaria se llevó adelante mediante una reasignación de fondos, con el objetivo de no comprometer el equilibrio fiscal.
La Ley de Emergencia Pediátrica, promulgada en mayo, disponía la asignación prioritaria e inmediata de recursos al sector pediátrico y la recomposición salarial del personal asistencial y no asistencial, incluyendo la actualización de los ingresos de los residentes en formación.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió la implementación de la norma, tras considerar que no contaba con una fuente de financiamiento definida que permitiera su aplicación sin afectar la meta de equilibrio fiscal.
El costo fiscal estimado para ejecutar la ley asciende a $196.270 millones, una cifra que, según el Gobierno, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, cuyo déficit ronda los $102.400 millones.
En este sentido, se advirtió que una reasignación de recursos de tal magnitud equivaldría al 30% del total de subsidios destinados a medicamentos y tecnología sanitaria, y al 60% del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
Por esta razón, las autoridades subrayaron que la medida continuará “suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine la fuente de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas correspondientes”.
Pese a la postergación, Francos aseguró que el Gobierno decidió reasignar recursos presupuestarios disponibles para atender las necesidades contempladas originalmente por el Congreso. “El Poder Ejecutivo Nacional tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”, afirmó.
Asimismo, recordó que el sistema de salud público nacional sigue bajo estado de emergencia por un año, luego de la aprobación de la emergencia en pediatría. La ampliación del presupuesto del Ministerio de Salud, precisó, se concretará mediante una disminución proporcional de créditos asignados a la Jurisdicción 91, correspondiente a las obligaciones a cargo del Tesoro.
“Es necesario readecuar las partidas presupuestarias en los términos del análisis elaborado por el Ministerio de Salud”, estableció la medida oficial. De esta manera, el Ejecutivo reordena fondos sin necesidad de una nueva asignación votada por el Congreso, garantizando un refuerzo inmediato en el sistema sanitario nacional.
