Una docente que había sido condenada por la muerte de su bebé volvió a desempeñarse frente a un aula de la Escuela Granaderos de San Martín, ubicada en el barrio porteño de Palermo, pero fue posteriormente separada de su cargo luego de una denuncia que señalaba que había filmado a sus alumnos. Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron que se analizarían modificaciones a la legislación vigente.
La maestra fue identificada como Roxana Carolina Cayo, de 53 años, y había retomado sus funciones dentro del sistema educativo en agosto de este año. Su reincorporación se produjo después de que cumpliera los años de inhabilitación administrativa que se le habían impuesto en el marco de la condena por la muerte de su hija recién nacida en 2010.
Luego de regresar a la actividad, Cayo se presentó ante alumnos de sexto grado de la Escuela N° 30 D.E.9 Granaderos de San Martín, situada en Palermo. Sin embargo, pocos días después de su regreso, las autoridades educativas porteñas resolvieron separarla de su cargo a partir de una denuncia que involucró su comportamiento dentro del aula.
De acuerdo con lo denunciado, la docente utilizaba su teléfono celular para filmar a los menores y, según los testimonios que llegaron a conocimiento de los padres, aquellos estudiantes que se negaban a ser grabados recibían castigos.
Las situaciones comenzaron a ser conocidas a partir de los propios alumnos. Los chicos les contaron a sus padres distintos episodios que se habían producido durante las clases y que les habían generado preocupación.
Entre las situaciones mencionadas, además de las supuestas filmaciones, se indicó que Cayo había pedido a los estudiantes que dibujaran sus documentos nacionales de identidad (DNI) y que agregaran información relacionada con los lugares que solían frecuentar.
Ante lo ocurrido, los padres de los alumnos se acercaron a la institución educativa y denunciaron los hechos ante las autoridades correspondientes. A partir de esas presentaciones, se dio intervención a los organismos pertinentes.
Finalmente, las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires resolvieron separar a la docente de su cargo mientras avanzaba la investigación sobre las situaciones denunciadas dentro de la escuela.
El caso también generó una revisión de las normas que regulaban este tipo de situaciones. Desde el Ministerio de Educación porteño señalaron que se impulsarían modificaciones en la ley, en medio de la controversia generada por la reincorporación de una docente que había cumplido la inhabilitación administrativa establecida en una condena.
