Una nueva amenaza de tiroteo encendió las alarmas en una institución educativa de la ciudad de La Plata. El hallazgo de mensajes intimidatorios en el baño de la Escuela Secundaria N°7 de Punta Lara derivó en una denuncia formal, la intervención de la Justicia y un refuerzo de las medidas de seguridad en el establecimiento.
El episodio fue reportado por un preceptor de la escuela, quien encontró varias hojas con mensajes amenazantes. Entre las frases detectadas figuraba “Mañana mueren todos”, situación que motivó la inmediata actuación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 de La Plata.
Según trascendió, los escritos mencionaban con nombre y apellido a dos estudiantes de cuarto año y hacían referencia a un supuesto ataque armado previsto para el 29 de mayo de 2026 en el edificio escolar ubicado sobre la calle 5, entre las calles 22 y 24 de Punta Lara. Tras la denuncia, efectivos de la SUB DDI Ensenada participaron del procedimiento y secuestraron los elementos encontrados en el baño para ser analizados en el marco de la causa.
La situación se produce en un contexto de creciente preocupación por una serie de hechos similares registrados en distintos establecimientos educativos bonaerenses. Desde el 15 de abril se multiplicaron las denuncias por amenazas en escuelas de La Plata y otras localidades de la provincia. En ese período se contabilizaron más de 50 presentaciones, mientras que la Fiscalía de Menores ya tenía identificados a cerca de 30 adolescentes vinculados a intimidaciones anteriores.
La inquietud también alcanzó al ámbito universitario. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata denunciaron recientemente la aparición de una amenaza de tiroteo escrita en una pared del edificio académico. Las autoridades de la casa de estudios iniciaron actuaciones para esclarecer el episodio y determinar quién fue el autor del mensaje.
Mientras tanto, la Escuela Secundaria N°7 de Punta Lara permanece bajo vigilancia especial. Las actuaciones judiciales continúan y los investigadores buscan establecer quiénes escribieron las amenazas y si existe alguna conexión con otros hechos similares registrados en instituciones educativas de la región.
El establecimiento educativo donde aparecieron los mensajes está ubicado en la calle 5 entre 22 y 24 de Punta Lara, un punto que quedó bajo especial atención de las autoridades mientras avanzan las pericias correspondientes.
Más de 60 amenazas en escuelas argentinas desde abril
Las amenazas de tiroteos y ataques en establecimientos educativos vienen registrando un aumento sostenido en los últimos meses. De acuerdo con datos recientes, desde abril de 2026 se contabilizaron más de 60 episodios de este tipo en diferentes puntos del país, una cifra que supera ampliamente los registros observados en años anteriores.
Gran parte de estas intimidaciones se originan en redes sociales, plataformas digitales o mensajes anónimos, lo que obligó a las autoridades educativas y judiciales a activar protocolos de emergencia y revisar los sistemas de seguridad en cada jurisdicción.
Qué consecuencias judiciales pueden enfrentar los responsables
Las sanciones derivadas de estas amenazas dependen de la edad de los involucrados. Tras una reforma legislativa aprobada en febrero de 2026, la edad de imputabilidad en Argentina pasó de 16 a 14 años, por lo que adolescentes de esa franja etaria pueden ser sometidos a procesos penales.
En el caso de menores que no sean penalmente responsables, intervienen los Tribunales de Familia, que pueden disponer medidas socioeducativas y convocar a padres o tutores. Además, en algunos distritos se avanzó con sanciones a los responsables legales de menores no punibles, incluyendo reclamos civiles y económicos vinculados a los costos generados por operativos policiales desplegados ante falsas alarmas.
Las autoridades remarcan que toda amenaza es investigada como un delito, independientemente de la edad de quien la emita. El objetivo, sostienen, es garantizar la protección de la comunidad educativa y establecer las responsabilidades penales y civiles correspondientes para quienes promuevan o difundan este tipo de conductas.
