Una preceptora de la Escuela Técnica de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, fue denunciada por presuntamente apropiarse de USD 45.000 que estaban destinados al viaje de egresados de alumnos de séptimo año.
Las víctimas serían 37 familias que, durante más de un año, entregaron dinero para costear un viaje en avión a El Bolsón, en la Patagonia argentina. Parte de los fondos reunidos provenían de rifas y ventas de comida organizadas por los propios padres y estudiantes.
De acuerdo con lo informado por medios locales, la maniobra comenzó a descubrirse en la previa del viaje. La preceptora solicitaba que los pagos mensuales fueran transferidos directamente a su cuenta personal y no a una cuenta institucional, una modalidad que se mantuvo durante todo el tiempo que duró la organización del viaje.
Además, el viaje fue postergado al menos seis veces y, según denunciaron las familias, en cada oportunidad la mujer presentó documentación de empresas turísticas que sería falsa para justificar las demoras ante los padres.
El caso tomó estado público cuando las autoridades del colegio convocaron a las familias para informarles que el dinero ya no estaba disponible. Según relató Delfina Méndez, familiar de uno de los alumnos afectados, la acusada habría reconocido de manera extraoficial: “Me patiné la plata”, antes de tomarse licencia por una presunta enfermedad. Desde entonces, dejó de responder mensajes y llamados.
“No solo nos robó el dinero, sino el esfuerzo de más de un año de vender tortas y choripanes para cumplir un sueño”, expresó Méndez.
El abogado Federico Etcheún, representante de las familias damnificadas, confirmó que se presentó una denuncia penal colectiva por estafa agravada. Según explicó, la condición de funcionaria pública de la imputada podría agravar su situación judicial y derivar en una pena de prisión, dependiendo también de sus antecedentes.
En paralelo, la Justicia solicitó medidas precautorias que incluyen inhibición y embargo de bienes, entre ellos vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.
El letrado también advirtió que la institución educativa podría enfrentar responsabilidad civil debido a que la acusada trabajaba en el establecimiento y la presunta maniobra se desarrolló en el marco de una actividad escolar.
Mientras avanza la investigación, vecinos y allegados de las familias organizaron una campaña solidaria para intentar que los estudiantes no pierdan el viaje de egresados. Los fondos recaudados son controlados por profesionales contables y los movimientos son informados diariamente a los padres.
En otro hecho similar ocurrido en marzo, una madre de un jardín de infantes fue denunciada por quedarse con dinero destinado al pago de camperas de egresados. Según denunciaron las familias, el monto faltante alcanzó 1.500.000 pesos.
De acuerdo con los testimonios, la mujer se había ofrecido voluntariamente para centralizar el cobro de las cuotas necesarias para confeccionar los buzos. La situación se complicó cuando debía pagar la última cuota a la empresa encargada del trabajo y aseguró que su celular había sido hackeado, motivo por el cual no podía concretar la transferencia.
Con el paso de los días y ante la falta de respuestas, los padres se comunicaron directamente con la empresa y descubrieron que el dinero nunca había sido depositado, salvo una seña inicial de 45 mil pesos.
La tensión aumentó cuando la acusada intentó justificar la situación mostrando comprobantes de pago que, según las familias, presentaban irregularidades evidentes.
“Un día llegó al jardín con los comprobantes truchos. Tenía el mismo CBU pero cambiaban los datos de la cuenta, las impresiones nunca tenían la marca de agua de Mercado Pago y los números estaban pegados”, afirmó Magalí C., madre de una de las alumnas afectadas.
