Romina Candia Flores tenía 32 años, era madre de tres hijos y llevaba una vida saludable. Su historia estuvo marcada por un deseo postergado durante años: recuperar su figura tras los embarazos. Sin embargo, esa decisión derivó en una tragedia y en un proceso judicial que, recientemente, sumó un nuevo capítulo.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional condenó al cirujano plástico Armando Jorge Donati por homicidio culposo. El fallo dejó sin efecto la absolución que había sido dictada en 2025 y expuso de manera contundente las responsabilidades del médico en el desenlace fatal.
Al analizar los hechos, los jueces de la Sala II fueron claros respecto al vínculo entre la intervención y la muerte de la paciente. En la resolución señalaron que no existían dudas sobre la relación de causalidad entre la operación, las complicaciones posteriores y el fallecimiento.
Una cadena que terminó en tragedia
Sandra Romina Candia Flores había ingresado el 14 de noviembre de 2017 a la Clínica Matienzo, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, para someterse a una cirugía estética a cargo de Donati.
La intervención incluyó una dermolipectomía abdominal y una liposucción en distintas partes del cuerpo. Lo que debía ser una operación programada derivó, pocas horas después, en una grave emergencia médica.
De acuerdo con lo acreditado en la causa, la paciente sufrió un shock hipovolémico tras la cirugía. Pese a la gravedad del cuadro, no fue trasladada de inmediato a un centro de mayor complejidad.
Para los magistrados, esa omisión resultó determinante. En el fallo sostuvieron que la muerte de la mujer era objetivamente imputable al accionar del cirujano, tanto por la intervención inicial como por la falta de respuesta posterior.
Las horas críticas
Uno de los puntos más cuestionados fue el tiempo durante el cual Sandra permaneció sin la atención adecuada. Durante más de 17 horas continuó internada en una clínica que no estaba habilitada para ese tipo de cuidados ni contaba con recursos suficientes para afrontar una emergencia.
El tribunal remarcó la existencia de un nexo directo entre las infracciones al deber de cuidado y el desenlace fatal, dejando en evidencia que el médico incumplió estándares básicos de la práctica profesional.
En esa línea, la fiscalía había advertido que la demora en actuar incrementó de manera significativa el riesgo de muerte. La falta de traslado oportuno, el escaso monitoreo y la decisión de mantener a la paciente en un lugar inadecuado conformaron una cadena de negligencias.
Además, los jueces descartaron que otros factores hubieran interrumpido la relación causal entre la conducta del cirujano y el fallecimiento. En ese sentido, señalaron que no se demostró que la actuación de los profesionales del Sanatorio Güemes —donde la paciente fue trasladada posteriormente— haya sido determinante para excluir la responsabilidad de Donati.
Por el contrario, entendieron que el daño ya era irreversible cuando la mujer llegó a ese centro de mayor complejidad. Finalmente, falleció el 16 de diciembre de 2017, luego de permanecer 31 días internada.
Una absolución revertida
En febrero de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 había absuelto tanto a Donati como al anestesiólogo Víctor Héctor Favazza, al considerar que no existía el grado de certeza necesario para una condena.
Sin embargo, la Cámara de Casación concluyó que esa interpretación no se ajustaba a las pruebas reunidas durante el juicio. Para los camaristas, los elementos permitían establecer con claridad la responsabilidad penal del cirujano, tanto por haber realizado la operación en una clínica no habilitada como por no actuar con la diligencia exigida ante la descompensación de la paciente.
Un proceso que continúa
Con la condena ya establecida, el caso entra ahora en una nueva etapa en la que se deberá definir la pena que recibirá el médico.
El fiscal general Nicolás Amelotti solicitó cinco años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina, al considerar que las conductas del cirujano fueron múltiples y de extrema gravedad. Según expresó, el accionar de Donati privó a la paciente de la posibilidad de revertir su cuadro y seguir con vida.
En paralelo, la Cámara dispuso apartar al juez que intervino en el juicio oral y designar a otro magistrado para llevar adelante la instancia de determinación de la pena.
El fallo, con términos contundentes, marca un precedente al dejar en claro los límites de la práctica médica. Al establecer la relación directa entre la intervención, las omisiones y el resultado fatal, los jueces no solo resolvieron el caso, sino que también enviaron un mensaje sobre la responsabilidad profesional.
Ahora, resta conocer la condena definitiva en un proceso que, para la familia de la víctima, busca no solo justicia, sino también evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.
