El Tribunal Oral Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Fernando “Piti” Estrada Gonzáles tras determinar que fue el líder de una organización criminal que operó entre 2009 y 2023 en la comercialización de estupefacientes dentro del Barrio 1-11-14, ubicado en el Bajo Flores. En el proceso intervino el fiscal general Diego Velasco, quien durante su alegato había requerido una pena de 24 años de prisión.
Finalmente, Estrada Gonzáles fue sentenciado a 17 años y 6 meses de cárcel, luego de ser hallado responsable como organizador de una estructura destinada al tráfico de drogas y coautor en el delito de acopio de armas de fuego, junto con sus partes y municiones.
Según informaron fuentes oficiales, los fundamentos del fallo que fijó la condena contra el acusado —quien permaneció prófugo durante 13 años— serán dados a conocer el próximo 13 de mayo.
Durante el alegato realizado en marzo de este año, el fiscal general sostuvo que “Piti”, en conjunto con su hermano Marcos, encabezaba una organización que se ocupaba de introducir, almacenar, fraccionar y distribuir marihuana, cocaína y sus derivados.
Velasco, titular de la Fiscalía General N°6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, remarcó además que la banda fue objeto de múltiples investigaciones en distintos expedientes y que, en total, cerca de 180 personas resultaron condenadas por su participación en la estructura narcocriminal.
Asimismo, explicó que el funcionamiento de la organización estaba dividido en turnos de 28 días: uno bajo el mando de Marcos y otro a cargo de “Piti” Estrada Gonzáles. En ese contexto, durante su exposición recordó la declaración de un imputado colaborador, quien detalló la dinámica interna del grupo, relato que —según indicó— fue corroborado mediante distintos testimonios y pruebas incorporadas a la causa.
“Durante todo el tiempo que estuvo prófugo y hasta 2023, seguía manejando el negocio dentro de la villa en el turno que le correspondía”, afirmó Velasco en su alegato. También señaló que los hermanos distribuían las tareas con el objetivo de sostener “un negocio fructífero” para ambos, evitando superponerse en sus funciones.
Finalmente, el fiscal subrayó la magnitud de la organización al afirmar que “se trata de la mayor banda que ha operado en Argentina por el control territorial y por el tiempo que se mantuvo en actividad”. En esa línea, añadió que la estructura era dirigida desde Perú por el imputado, quien impartía órdenes para el ingreso de la droga al barrio desde países limítrofes.
