En una nueva conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo que dependía del Poder Ejecutivo y estaba encargado, entre otras funciones, de la construcción y mantenimiento de rutas. El anuncio se realizó en el marco de un repaso sobre las políticas de reestructuración del Estado impulsadas por el presidente Javier Milei.
La presentación comenzó con un video que recordaba las causas judiciales por corrupción que involucraron a la Dirección Nacional de Vialidad, en particular el expediente que derivó en la condena a seis años de prisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario. “Hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos”, enumeró Adorni. “Se hizo una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad, un instrumento para la maniobra ilegal destinada a mover recursos”, añadió, citando elementos del fallo judicial.
Acto seguido, el vocero confirmó que “el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.
También anunció cambios en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que será reemplazada por un nuevo ente: la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, que tendrá a su cargo las funciones de fiscalización de concesiones viales. Además, anticipó que “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas”.
“El acta de defunción a la corrupción de la Obra Pública la firmó el presidente de la Nación”, sentenció Adorni.
Durante su intervención, el funcionario también puso en valor el uso de las facultades delegadas que Milei ejerció durante el último año y que vencen mañana. “Decían que darle esas facultades era ilegal, que se vendía el país. Pero fue el kirchnerismo el que prorrogó las delegaciones hasta el final de su gobierno. En cambio, este es uno de los pocos gobiernos desde la vuelta de la democracia que no pidió una extensión”, sostuvo.
En ese sentido, criticó a la gestión anterior y su uso de la normativa. “Son los mismos que miraron para el costado cuando Alberto Fernández declaró la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, creando impuestos como el PAIS. En 2021 usaron esas facultades para encerrar a los argentinos con la pandemia como pretexto, dejar a los chicos sin clases, cerrar actividades productivas y prohibir reuniones privadas. El problema no es la herramienta, es cómo se usa y para qué”, enfatizó.
Finalmente, Adorni aseguró que Milei utilizó las facultades delegadas con el objetivo de reducir el peso del Estado: “Por primera vez, se usaron para aliviar la carga fiscal sobre los bolsillos de los argentinos. Los 65 decretos delegados del último año implicaron un ahorro de 2 mil millones de dólares en gastos”. Y concluyó: “El presidente respetó la institucionalidad. No prorrogó el plazo, cumplió con el año establecido y aplicó un plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia”.
