El gobierno argentino le solicitó a la jueza Loretta Preska que extienda hasta el 21 de noviembre el plazo para que los funcionarios argentinos entreguen información sobre sus chats y comunicaciones electrónicas en el marco de la causa que busca establecer conexiones en procura de obtener fondos para el pago de la sentencia.
“La audiencia ya se había corrido para el 4 de noviembre. Lo que nosotros hicimos fue presentar una solicitud para que se extienda ese deadline hasta el 21 de noviembre, que puede suceder o no”, señalaron fuentes oficiales.
Añadieron que la posición argentina es “cooperar en obtener el consentimiento de estos 35 funcionarios y exfuncionarios en la entrega de comunicaciones”.
El pedido de la jueza es parte del proceso de obtención de pruebas (discovery) solicitado por el fondo de inversión Burford Capital, beneficiario del fallo por US$16.000 millones, y tiene el objetivo legal de demostrar que el Estado argentino y la petrolera YPF son la misma entidad, un concepto conocido como “alter ego”.
La sentencia original condenó a la República Argentina a pagar más de US$16.000 millones, pero eximió a YPF de responsabilidad.
Si se comprobara el “alter ego”, los demandantes podrían habilitar el embargo de activos de YPF y de otras empresas públicas —como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas o ENARSA— para asegurar el cobro de la condena.
La orden judicial apunta a obtener mensajes, incluso en plataformas como WhatsApp, que indiquen que funcionarios utilizaron canales no oficiales para emitir directivas, interferir en los precios de los combustibles o controlar la gestión de YPF, actuando en beneficio del Estado y no como una sociedad anónima independiente.
