Argentina inició formalmente la apelación contra el fallo que la condena a pagar con acciones de YPF la sentencia por US$16.000 millones derivada de la nacionalización de la petrolera. La presentación, realizada ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, busca dejar sin efecto la orden de la jueza Loretta Preska.
El escrito se apoya en cuatro ejes centrales. En primer lugar, sostiene que la justicia estadounidense no puede obligar a un país soberano a repatriar activos que se encuentran en el exterior. En segundo término, cuestiona la aplicación de la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) para disponer de bienes fuera de esa jurisdicción. Además, invoca la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) para proteger al país de la entrega de las acciones de YPF y, por último, advierte sobre las consecuencias diplomáticas que generaría forzar a Argentina a desprenderse de esos activos.
La definición de esta apelación podría conocerse durante el primer trimestre de 2026. En el proceso, el gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae a favor de la posición argentina. En su escrito, la administración norteamericana advirtió que ordenar la transferencia de acciones de YPF, aun cuando estén fuera del territorio estadounidense, podría exceder los límites legales de ejecución de bienes de estados extranjeros que establece la FSIA.
Washington también alertó que una decisión de este tipo podría afectar las relaciones exteriores de Estados Unidos y el tratamiento recíproco de sus activos en tribunales de otros países. Asimismo, advirtió que, si Argentina entregara las acciones antes de que se resuelva la apelación, podría sufrir un daño irreparable, ya que incluso en caso de obtener un fallo favorable después, no habría garantía de recuperar los títulos.
