El Gobierno argentino presentó una apelación contra el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF que permanecen en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La presentación se realizó el 9 de julio ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.
La apelación fue impulsada sin esperar la resolución de Preska respecto al pedido de “stay”, una solicitud que el equipo legal argentino había formulado días atrás para suspender la ejecución del fallo mientras se desarrolla la revisión judicial. El documento, presentado en los expedientes de Burford Capital y Eton Park, lleva la firma del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, representante legal del país.
La carátula de la apelación fue difundida públicamente por el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en el caso. “El paso era esperado en tres semanas, dos semanas, una semana, no ahora”, señaló Maril en diálogo con Infobae. Y agregó: “La teoría te dicta que Argentina debería haber esperado que la jueza diga si acepta o no el pedido de suspensión del fallo… directamente no esperó y apeló. No es ilegal, está en todo su derecho, pero tal vez hubiese esperado a ver qué decía la jueza como para tomar otra decisión”.
El juicio tiene origen en la expropiación de YPF realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, y tras ocho años de proceso, Preska falló en contra del Estado argentino, al que responsabilizó por mala praxis expropiatoria, imponiéndole una condena por US$ 16.000 millones, a favor principalmente de Burford Capital, fondo que adquirió los derechos de litigar a empresas presuntamente afectadas por la estatización.
Esa condena ya había sido apelada, pero la causa siguió su curso en el tribunal de Preska. En ese contexto, Burford impulsó nuevos pedidos orientados a presionar una negociación, entre ellos la entrega de acciones de YPF.
Como reveló Infobae, el Gobierno argentino anticipa un posible fallo adverso adicional. Aunque ya apeló ante la Cámara, no se descarta que Preska exija garantías para conceder el stay. Si esto sucediera y Argentina no ofrece activos en garantía antes del lunes, y la cámara no resuelve antes de esa fecha, el país podría caer en desacato si así lo solicitan los demandantes. Tal escenario golpearía la credibilidad argentina justo cuando se busca atraer inversiones, reabrir mercados de crédito e impulsar la economía.
Desde el entorno presidencial se sostiene que hay “buitres domésticos” operando en contra de los intereses nacionales por razones políticas, económicas y coyunturales. “Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, afirman desde la Casa Rosada.
Apuntan, además, contra declaraciones de figuras como el gobernador Axel Kicillof, exfuncionarios, estudios jurídicos privados, analistas y empresas que, según el Gobierno, estarían buscando posicionarse en torno a YPF y los negocios en Vaca Muerta.
En el marco de la estrategia oficial, el Estado también solicitará apoyo al Gobierno de Estados Unidos, como ya sucedió el año pasado durante la presidencia de Joe Biden. A esto se suma una posición firme respecto de no negociar: “No se negociará nada. La estrategia es judicial 100% en el estrado de Preska. Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales. Hay mucha especulación por una negociación porque hay muchos que se pueden llevar una gran tajada especulando. En esto están confluyendo poderes políticos, corporativos, del petróleo”, aseguran desde el Ejecutivo.
