Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una jornada proclamada oficialmente por la UNESCO en 2015 para visibilizar la importancia del derecho de todas las personas a acceder a datos e información. Este acceso no solo fortalece la libertad de expresión y de pensamiento, sino que se convierte en un requisito indispensable para garantizar otros derechos humanos fundamentales.
Aunque su oficialización se concretó en diciembre de 2015 y se celebró por primera vez en 2016, la historia de esta fecha comenzó mucho antes. En 2002 se instauró como el Día Internacional del Derecho a Saber, promoviendo la idea de que el conocimiento y la información son pilares de la democracia. En 2012, la Internacional de Defensores de la Sociedad Civil decidió actualizar la denominación al nombre actual, con el objetivo de reforzar la idea de un derecho que trasciende fronteras y se reconoce en todo el mundo.
Conferencia Mundial 2025: información ambiental en el centro del debate
La conmemoración de este año tiene un significado especial, ya que la UNESCO, en conjunto con el Gobierno de Filipinas, organizó en Manila los días 29 y 30 de septiembre la Conferencia Mundial sobre el Acceso Universal a la Información 2025.
El tema elegido para esta edición fue: “Garantizar el acceso a la información ambiental en la era digital”. El encuentro marcó además el décimo aniversario de la proclamación oficial del Día Internacional, ofreciendo un balance de una década de avances, desafíos y nuevos compromisos.
Durante la conferencia, se resaltó la necesidad de que los Estados y organismos internacionales adopten políticas claras para que la ciudadanía pueda acceder sin restricciones a datos ambientales. Se subrayaron tres ideas centrales:
- “La información ambiental empodera para actuar sobre el cambio climático”.
- “Los ciudadanos informados son claves para un planeta más equitativo y próspero”.
- “Todos merecen acceso a la información ambiental”.
¿Qué significa el derecho a la información?
Está reconocido como un derecho humano universal. Se lo considera un componente esencial de la libertad de pensamiento y de expresión, ya que permite que las personas puedan buscar, recibir y difundir información que se encuentre en poder de entidades públicas, empresas estatales u organismos oficiales.
Por supuesto, este acceso tiene excepciones: ciertos datos pueden clasificarse como confidenciales o restringidos por motivos de seguridad nacional, privacidad u otras razones contempladas en la legislación de cada país. Sin embargo, el principio general es claro: la información pública debe estar disponible para toda la sociedad.
Este derecho es también la base de muchos otros. Sin conocimiento, no hay posibilidad de reclamar ni de defenderse frente a vulneraciones. La frase que resume su importancia es contundente: “nadie reclama un derecho que no conoce”.
Además, garantiza que los gobiernos actúen con transparencia y rendición de cuentas, siendo una herramienta clave para prevenir actos de corrupción, abusos de poder y crímenes de lesa humanidad. En este sentido, el acceso a la información se vincula directamente con la calidad de las democracias y el fortalecimiento de las instituciones.
Una década de avances y desafíos
A lo largo de los últimos diez años, la proclamación de esta jornada permitió instalar debates centrales sobre el acceso a la información en el contexto digital. La irrupción de las nuevas tecnologías, el crecimiento exponencial de los datos y la aparición de la inteligencia artificial generan oportunidades inéditas para democratizar el conocimiento, pero también plantean desafíos en materia de privacidad, seguridad y veracidad.
Uno de los grandes retos consiste en asegurar que la digitalización no profundice la brecha entre quienes pueden acceder fácilmente a la información y quienes quedan excluidos por falta de conectividad, dispositivos o alfabetización digital.
Acceso a la información ambiental: un derecho para enfrentar el cambio climático
En 2025, el eje ambiental se volvió protagonista. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis energética son problemas globales que impactan en la vida diaria de millones de personas. Frente a ello, el acceso a información confiable sobre emisiones, proyectos extractivos, políticas de mitigación y uso de recursos naturales resulta imprescindible.
Sin datos transparentes y accesibles, la ciudadanía no puede participar de manera efectiva en la toma de decisiones ni exigir a los gobiernos y empresas que cumplan con compromisos ambientales. Por eso, garantizar el acceso a la información ambiental se presenta como un requisito indispensable para construir sociedades más justas, sostenibles y resilientes.
