La Asamblea Nacional de Venezuela dio el primer paso en el tratamiento del proyecto de Ley de Amnistía al aprobarlo por unanimidad en una primera votación, una medida que podría alcanzar a cientos de personas detenidas por su participación en protestas o por manifestar críticas hacia figuras públicas. La iniciativa todavía deberá atravesar una segunda discusión en una fecha que aún no fue establecida, e incluye disposiciones como la restitución de bienes, la eliminación de medidas restrictivas y la posibilidad de retorno al país para quienes se vieron obligados a exiliarse.
El proyecto, compuesto por al menos una veintena de artículos, fue impulsado inicialmente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y contó con el respaldo de los 277 legisladores —en su mayoría oficialistas— según confirmó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La propuesta reconoce que personas de diversas corrientes políticas, así como ciudadanos sin afiliación partidaria, enfrentaron procesos penales vinculados al ejercicio de derechos ciudadanos o a la participación en manifestaciones. En este sentido, el texto contempla que la amnistía alcance delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que se hayan producido en el contexto de protestas entre 1999 y 2026, incluyendo movilizaciones ocurridas en 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Durante su intervención ante los diputados, Rodríguez subrayó la necesidad de avanzar en el tratamiento del proyecto: “El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua. No tengamos temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta”.
Asimismo, aclaró que la iniciativa no estará basada en listados específicos de personas. “El proyecto de ley no es listado de nombres porque esos listados de nombres siempre son excluyentes. Vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, hablen con los privados de libertad, hablen con las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años. Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”, expresó.
En ese marco, remarcó la urgencia del proceso legislativo al concluir: “Una última cosa, no tenemos mucho tiempo. Celeridad. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora. Y les agradezco la responsabilidad que acaban de adquirir”.
En otro tramo de su discurso, Rodríguez evocó la figura de Hugo Chávez al señalar: “Mirar a nuestro ejemplo, a nuestra guía: Hugo Chávez. Que el 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después de que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad”.
No obstante, el proyecto establece exclusiones para delitos considerados graves, entre ellos violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, corrupción y narcotráfico, así como hechos que hayan provocado muerte o lesiones de gravedad. También se contempla la posibilidad de que algunos jueces, fiscales y funcionarios puedan ser alcanzados por la medida, dependiendo de las circunstancias de su actuación en procesos relacionados con protestas.
El clima dentro de la Asamblea reflejó cambios tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la detención del exmandatario por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero. La sesión se desarrolló sin los habituales cruces entre oficialismo y oposición, y desde este último sector se limitaron a dar la bienvenida a la iniciativa y solicitar la liberación de los denominados presos políticos. Un grupo reducido de legisladores opositores moderados manifestó su apoyo al proyecto, al considerarlo una oportunidad para avanzar en un proceso de reconciliación nacional.
Desde el Gobierno venezolano señalaron que más de 600 personas han sido liberadas de manera gradual, aunque organizaciones como Foro Penal verificaron hasta el momento la excarcelación de 383 individuos y sostienen que cerca de 700 personas permanecían privadas de libertad a comienzos de febrero. Aquellos que recuperaron la libertad continúan sujetos a restricciones en su participación política y en su derecho a la expresión.
La aprobación inicial de la ley se da en medio de un escenario de transformación política y económica, con indicios de estabilización en la economía venezolana tras la recuperación de las exportaciones petroleras y la liberación progresiva de fondos controlados por Estados Unidos hacia el Banco Central de Venezuela. La presidenta encargada ha cumplido con requisitos internacionales vinculados a acuerdos petroleros, lo que contribuyó a mejorar el clima político y a facilitar medidas como la amnistía.
La denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática deberá ahora someterse a una consulta pública y a una segunda votación parlamentaria, pasos exigidos por la Constitución venezolana antes de su promulgación definitiva. En tanto, sectores de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales como Foro Penal solicitaron la difusión del texto completo y advirtieron que la efectividad de la iniciativa dependerá tanto del respaldo ciudadano como de la transparencia en su implementación.
