La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que mantiene el estado de alerta ante el atraso salarial que afecta a distintas compañías de transporte y reiteró que, si los depósitos no se concretan antes de la medianoche, este viernes 5 de diciembre habrá conductores que no prestarán servicio. La medida podría impactar en miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El gremio difundió un comunicado la noche del jueves ratificando su postura y advirtiendo que numerosas líneas podrían sufrir interrupciones. Entre ellas figuran decenas de recorridos urbanos y suburbanos que prestarían servicio reducido o podrían directamente no salir.
Desde el sector empresario, en cambio, transmitieron que el panorama es “controlado” y que la mayoría de las firmas continúa en diálogo con la organización sindical, por lo que esperan que buena parte de los colectivos circule con normalidad. Sin embargo, reconocen que algunas compañías continúan con dificultades operativas.
En declaraciones televisivas, el vocero del sindicato, Mario Calegari, explicó el cuadro de situación: “Los trabajadores van a presentarse en las empresas, pero si la plata no está depositada no van a salir los servicios”. Aclaró que no todas las líneas están afectadas y que recién a última hora se determinará cuáles cumplieron las obligaciones salariales.
El dirigente subrayó que el conflicto golpea directamente a los nueve millones de pasajeros que se trasladan a diario en el AMBA. “No estamos dispuestos a financiar la deuda de las empresas con nuestros sueldos”, remarcó el portavoz gremial.
La raíz del problema es la fragilidad económica del sector, según advierten tanto empresarios como choferes. Distintas cámaras del transporte vienen alertando desde hace semanas sobre la “gravisima” situación financiera de las compañías, que afrontan subas sostenidas en costos de mantenimiento, repuestos y combustibles, en un escenario donde los subsidios se ajustan de manera más lenta. Durante la jornada previa, mientras algunas empresas lograron completar salarios y aguinaldos, otras tuvieron demoras, lo que incrementó la incertidumbre.
Ante esa falta de certeza, la UTA solicitó a los trabajadores que verifiquen a la medianoche si sus haberes fueron acreditados. “El salario es necesario; no estamos en condiciones de financiar a las empresas”, señaló nuevamente Calegari. Y añadió: “Si aparece la plata trabajamos normalmente. Si no, habrá retención de tareas con presencia en las respectivas empresas hasta que se concrete el pago”.
La advertencia sindical ya había sido anticipada el 20 de noviembre, cuando la organización informó que frenaría los servicios en cualquier empresa que no abonara los sueldos antes del cuarto día hábil de diciembre, tal como establece la normativa vigente. Desde entonces, el gremio sostiene que se encuentra en “estado de alerta”.
En su comunicado más reciente, la UTA reiteró su apoyo a todas las medidas que considere necesarias para enfrentar “la grave situación generada por la posible falta de pago de salarios”. Además, responsabilizó a la crisis de las empresas por la “vulneración de derechos” de los choferes y exigió una recomposición salarial que permita recuperar poder adquisitivo.
Por su parte, las cámaras empresarias justificaron los retrasos argumentando que el costo del servicio se disparó por encima de las tarifas y de los subsidios. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) advirtió que la tarifa técnica reconocida para el AMBA es inferior al costo real del viaje sin subsidio, lo que vuelve inviable sostener el esquema operativo. A esto se suma la antigüedad media de la flota, que supera los siete años y medio, y un porcentaje significativo de unidades con más de una década de uso.
En medio de este conflicto, el salario promedio de un chofer ronda 1.500.000 pesos, cifra que el gremio considera insuficiente ante el avance inflacionario y el aumento generalizado de precios.
