Joaquín Stefano Gatto tenía 12 años y vivía en Ramos Mejía. Su muerte, ocurrida tras un accidente durante un campamento en Neuquén, conmocionó a su familia y derivó en un reclamo que hoy busca convertirse en ley. “Era evitable”, sostienen sus padres.
Todo sucedió el domingo 4 de enero. Serena Campos Lobos, de 46 años, iba en bicicleta desde su casa rumbo al trabajo cuando recibió un llamado que cambió todo. Faltaban quince minutos para las 14 cuando escuchó la noticia que la desesperó: su hijo Joaquín había sufrido un accidente y lo trasladaban de urgencia a un hospital de alta complejidad en San Martín de los Andes.
El chico, al que su papá llamaba “Joa”, había viajado el día anterior junto a los Exploradores de Don Bosco hacia Junín de los Andes. Era su primera experiencia en un campamento. Durante una actividad recreativa, mientras jugaba con sus compañeros, se colgó de un travesaño. En ese momento, el arco cedió, se desplomó y cayó sobre su cuerpo. El golpe impactó principalmente en la zona del pecho.
Cuatro horas después de aquel llamado, Serena y su esposo, Adrián Gatto, de 40 años, ya estaban en Aeroparque intentando llegar a Neuquén lo antes posible. Lograron conseguir pasajes para volar esa misma tarde, aunque debieron hacerlo en vuelos separados. Serena partió a las 18 y Adrián a las 20. En un primer momento, les informaron que el menor sería trasladado a una terapia intensiva pediátrica en la capital neuquina.
Sin embargo, mientras Serena estaba en pleno viaje, la situación de Joaquín empeoró. Los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia. “Se moría”, fue la frase que escucharon sus padres en medio de la incertidumbre.
Tras aterrizar en Neuquén, Serena recorrió cinco horas por ruta hasta el Hospital Carrillo, en San Martín de los Andes. Llegó cerca de las 2.30 de la madrugada del 5 de enero. Horas más tarde, esa misma tarde, los profesionales de la salud le confirmaron que su hijo presentaba muerte encefálica.
El caso fue caratulado como “homicidio culposo” y quedó bajo investigación de la fiscalía de Junín de los Andes, a cargo de Gastón Ávila.
A un mes y siete días del hecho, los padres de Joaquín decidieron transformar el dolor en un reclamo concreto. Impulsan un proyecto de ley que establezca la obligatoriedad de fijar al suelo todos los arcos deportivos del país, con el objetivo de evitar tragedias similares.
“Esto era completamente evitable. La pérdida de un hijo es un vacío que no tiene palabras. Es inimaginable el dolor”, expresaron.
