La Justicia resolvió suspender de manera temporal el ingreso de nuevos detenidos a la Unidad Penitenciaria N° 43 de González Catán, en el partido de La Matanza, a raíz de serias deficiencias en el acceso al agua potable. En ese establecimiento, las personas privadas de libertad se ven obligadas a almacenar agua en recipientes durante la noche para disponer de ella a lo largo del día.
Denunciaron deficiencias en el suministro de agua y un grave hacinamiento en el penal de González Catán. La unidad atraviesa una interrupción momentánea en la recepción de internos debido a la crisis en el servicio de agua y a un nivel de sobrepoblación que llega a triplicar la capacidad oficial del establecimiento.
Ante este escenario, el Juzgado de Garantías N° 2 de La Matanza dio curso a un Habeas Corpus Colectivo impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La presentación se basó en el agravamiento de las condiciones de detención en un contexto de altas temperaturas, situación que —según se advirtió— compromete la salud y los derechos básicos de las personas alojadas en el penal.
En la resolución, el juez Ricardo Tripaldi dispuso frenar los ingresos por un plazo de 30 días y ordenó que se realicen de forma urgente trabajos para garantizar el funcionamiento adecuado de las bombas de agua y del sistema contra incendios. Además, estableció controles periódicos para monitorear el progreso de las soluciones que se implementen.
La falta de agua en el penal, el motivo de la suspensión de nuevos ingresos a la unidad en La Matanza. El tramo final de la resolución judicial señala que lo que ocurre en la Unidad N° 43 expone un problema más amplio dentro del sistema penitenciario argentino. De acuerdo con el último informe anual de la CPM y el Registro Nacional de Casos de Tortura, “las malas condiciones de detención son el tercer hecho de tortura y malos tratos más denunciado por las personas detenidas”.
Entre los principales reclamos relevados figuran celdas anegadas, carencia de agua corriente o electricidad, presencia de plagas, falta de calefacción durante el invierno y ausencia de ventilación en verano. Esta suma de falencias vulnera los estándares básicos de habitabilidad y configura una violación a los derechos humanos, según se remarca.
