El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La decisión fue formalizada a través del Decreto 24/2026, publicado durante la madrugada de este lunes en el Boletín Oficial, y representa la segunda instancia de trabajo legislativo fuera del calendario ordinario desde el inicio de su gestión.
Dentro del temario establecido por el Poder Ejecutivo, uno de los puntos más relevantes es el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral, considerado prioritario por el Gobierno. A esta iniciativa se suma la discusión del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, un tema de alto impacto económico y político que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria.
Además, el listado de asuntos a debatir contempla la revisión del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares, una normativa sensible en términos ambientales, y la eventual designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, en el marco de lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.
La convocatoria a sesiones extraordinarias implica un movimiento formal y político de peso, ya que habilita al Ejecutivo a definir de manera precisa cuáles son los proyectos que pueden tratarse fuera del período ordinario, instancia en la que la agenda queda en manos de los propios legisladores. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el Congreso deberá trabajar durante 25 días por fuera del calendario habitual, y cualquier iniciativa que no figure en el temario requerirá una nueva convocatoria o el aval expreso del Presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, establece textualmente el artículo primero del decreto.
Este llamado se inscribe en un contexto en el que el oficialismo ya logró avanzar con iniciativas clave durante el receso legislativo. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera elaborada bajo la presidencia de Milei, junto con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos que marcaron la agenda de fin de año.
En paralelo, el Senado comenzó a blindar su cronograma con el objetivo de aprobar la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. Mientras el oficialismo trabaja en cerrar el respaldo parlamentario necesario, también avanza en la definición de las modificaciones finales al texto. La estrategia es coordinada por Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, y apunta a concretar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, antes del inicio de las sesiones ordinarias que encabezará Javier Milei el domingo 1 de marzo.
La confirmación de este esquema de trabajo llegó luego de que distintos sectores del oficialismo, tanto internos como externos, resolvieran cuestiones políticas y operativas que facilitaron los acuerdos mínimos para avanzar. Según trascendió, al menos una fuerza del interior del país garantizó su acompañamiento al proyecto, despejando dudas en torno al quórum necesario. Una fuente parlamentaria señaló que “ya se resolvieron situaciones operativas y políticas previas”, lo que permitió concentrarse en la construcción de las mayorías.
Para sesionar, el pleno del Senado requiere 37 voluntades. El interbloque oficialista que conduce Bullrich cuenta con 21 senadores, por lo que La Libertad Avanza necesita sumar apoyos de otros espacios, como la UCR, que aporta 10 miembros, el PRO, con tres bancas, y legisladores provinciales independientes, cuyo respaldo no siempre está alineado con los gobernadores. En ese sentido, desde el oficialismo destacaron un buen clima de diálogo con el PRO y la UCR. “Cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto que quiera imponer el kirchnerismo”, expresó la fuente consultada.
En cuanto a los pasos internos, a partir del lunes 26 de enero Bullrich iniciará una ronda de reuniones directas con referentes de la oposición dialoguista, mientras que las definiciones de fondo quedarán para fines de ese mes o los primeros días de febrero. De manera simultánea, una comisión técnica encabezada por Josefina Tajes comenzará a trabajar en la sistematización de las modificaciones y reclamos presentados tanto por bloques opositores como por la CGT. El objetivo es alcanzar un texto consensuado que luego deberá atravesar una doble votación en el recinto: primero en general y posteriormente artículo por artículo.
El escenario político en la Cámara alta muestra una dinámica atípica para el verano. Si bien los sindicatos mantienen una relación distante con el Gobierno, buscan hacer oír sus posturas en las instancias técnicas. Al mismo tiempo, sectores del peronismo no alineados con el kirchnerismo manifiestan su malestar por la falta de protagonismo en el debate, observando desde la periferia cómo se desarrolla una discusión que promete marcar el pulso legislativo del inicio de 2026.
