La muerte de un niño de cinco años en la localidad salteña de La Merced generó conmoción, protestas vecinales y una fuerte polémica política en torno al intendente Javier Wayar. El hecho ocurrió cuando el menor fue atropellado por una camioneta que manejaba un empleado municipal vinculado al jefe comunal, quien habría tomado el vehículo oficial sin autorización.
El caso provocó una inmediata reacción de la comunidad. Ante la falta de declaraciones públicas del intendente, decenas de vecinos se movilizaron para exigir justicia. Las protestas incluyeron cortes sobre la ruta 38, manifestaciones frente al edificio municipal e incluso la quema de elementos en la vía pública.
El episodio fatal tuvo lugar el domingo 5 de abril a las 20:42, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes. La víctima, Tomás, era alumno de primer grado de la Escuela N° 4742 María Dolores Laurentina Aranda. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia en código rojo al Hospital Público Materno Infantil, donde falleció dos horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.
De acuerdo al informe policial y a los datos del Ministerio Público Fiscal de Salta, el niño se desplazaba en bicicleta junto a su madre cuando fue embestido por una camioneta Ford Ranger que circulaba a alta velocidad por una zona urbana. El vehículo era conducido por Miguel Plaza, quien atropelló al menor mientras cruzaba por la senda peatonal.
El conductor fue demorado en el lugar del hecho y luego quedó detenido por orden de la Fiscalía. Las autoridades indicaron que no contaba con licencia de conducir y que tenía un certificado de discapacidad. La causa judicial podría derivar en una pena superior a los cinco años de prisión.
En las horas posteriores al accidente, la tensión en el pueblo fue en aumento. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con efectivos de Infantería, con un saldo de una mujer policía herida y un manifestante detenido. Además, fuentes policiales señalaron la posible participación de personas infiltradas que habrían incentivado los disturbios, mientras el Gobierno provincial analiza el trasfondo y posibles motivaciones políticas de los incidentes.
La indignación de los vecinos se trasladó hasta la sede de la Municipalidad de La Merced, donde se concentraron para reclamar justicia por la muerte del niño y exigir respuestas a las autoridades locales.
