La bancada de La Libertad Avanza cerró este viernes el período de sesiones extraordinarias en el Senado con un resultado clave para la administración de Javier Milei: la sanción definitiva de la reforma laboral. La Cámara alta convalidó las modificaciones realizadas días atrás por Diputados, entre ellas la eliminación del controvertido artículo vinculado a las licencias médicas.
La votación arrojó 42 apoyos —entre oficialistas y bloques dialoguistas como la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana, peronistas disidentes y fuerzas provinciales—, 28 rechazos y las abstenciones de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.
En términos generales, durante el primer tratamiento en la Cámara alta se produjeron cambios que allanaron el camino hacia la aprobación. Se eliminó el artículo que proponía alivios en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, lo que implicaba mayores recursos para gobernadores y Nación. También hubo señales hacia sindicatos y cámaras empresarias respecto de la continuidad de aportes compulsivos —aunque con topes reducidos— y se mantuvo el 6% destinado a obras sociales.
Asimismo, se moderó la propuesta original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado al pago de indemnizaciones. En paralelo, se introdujeron ajustes menores en estatutos que inicialmente la Casa Rosada buscó derogar por completo: primero concedió 180 días y luego extendió el plazo a un año. En Diputados, ese último punto fue celebrado efusivamente por legisladores libertarios.
Otro aspecto que logró incorporar LLA fue el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como anexo del proyecto. La maniobra fue cuestionada por no haber ampliado el temario de extraordinarias ni haber atravesado el recorrido parlamentario habitual —ingreso formal, comisión y posterior debate en el recinto—. Sin embargo, ante la falta de resistencia opositora, la cuestión avanzó sin sobresaltos, en lo que varios describieron como un “rodillo parlamentario”.
Qué se modificó en Diputados
El principal cambio concedido por el oficialismo fue la eliminación del artículo 44. Ese apartado reducía plazos y porcentajes de las licencias pagas por accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo. El texto establecía que el trabajador cobraría el 50% de su salario básico si el hecho derivaba de una actividad voluntaria —por ejemplo, practicar un deporte— y el 75% si no lo era.
La compensación se extendía por tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y por seis meses para quienes sí las tuvieran. Durante la sesión extraordinaria en el Senado no se podían introducir nuevas modificaciones: la alternativa era aceptar lo aprobado por Diputados o insistir con la versión original. Finalmente, se optó por la primera opción.
El debate en el recinto
Antes de las exposiciones, el senador Mariano Recalde solicitó el envío del proyecto a comisión, pese a que ya había atravesado esa instancia y que reglamentariamente solo cabía convalidar los cambios o insistir con el texto previo. La moción fue rechazada por 43 votos contra 29. La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Desde el oficialismo, el chaqueño Juan Cruz Godoy argumentó que el empleo privado formal se mantenía estancado desde 2012, mientras que los juicios laborales crecieron un 135% entre 2010 y 2024. Sostuvo que la ley es perfectible y que los avances tecnológicos reabrirán el debate en el futuro. Recalde replicó que la norma vulnera principios constitucionales y tratados internacionales y que generará mayor litigiosidad.
La senadora macrista Victoria Huala habló de un escenario que desalienta tanto a quien busca empleo como a quien pretende contratar. Recordó haber advertido sobre el artículo de licencias médicas en la primera aprobación, aunque en aquella votación el capítulo se aprobó en bloque.
Desde el peronismo opositor, Pablo Bensusán afirmó que la progresividad y la no regresividad de derechos no son cuestiones ideológicas sino constitucionales, y que no corresponde modificar el marco normativo bajo el cual un trabajador inició su relación laboral. Florencia López señaló que el oficialismo utilizó distintos argumentos —producción, seguridad y creación de empleo— para avanzar sobre derechos en diversas leyes tratadas en la semana.
Con la calle sin incidentes y el operativo de seguridad sin mayores tensiones, el senador Fernando Salino consideró que el proyecto del Ejecutivo no alcanzará los objetivos propuestos.
En el tramo final, José Mayans cuestionó el nivel salarial y denunció que la reforma implicaba una degradación de derechos. Criticó el FAL y las restricciones al derecho de huelga, y calificó la iniciativa en duros términos.
El cierre estuvo a cargo de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado. Sostuvo que el debate se había desvirtuado por agravios y defendió la norma como un intento de desmontar lo que definió como “una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina”. Afirmó que la rigidez normativa fomentó la informalidad y apuntó contra la dirigencia sindical y los paros realizados en gestiones no peronistas. También reivindicó la iniciativa como una oportunidad para evitar el regreso a esquemas basados en planes sociales.
Los principales puntos de la ley
Convenios colectivos: se priorizan los acuerdos por empresa o región por sobre los sectoriales y se elimina la ultraactividad automática de convenios vencidos.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): asistirá a empresas en el pago de indemnizaciones. Las grandes compañías aportarán el 1% de las remuneraciones brutas y las MiPyMEs el 2,5%. Actualmente esos fondos se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que podría impactar en el financiamiento jubilatorio.
Vacaciones: se habilita el fraccionamiento en períodos no menores a siete días corridos, entre el 1 de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo distinto. La notificación deberá realizarse con 30 días de anticipación.
Indemnizaciones: se mantiene el cálculo de un sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses, sobre la mejor remuneración mensual de los últimos 12 meses. Se excluyen conceptos no mensuales como aguinaldo y premios extraordinarios. El tope no podrá superar tres salarios promedio del convenio y no podrá ser inferior al 67% del sueldo habitual ni a un mes de salario. Se habilita el pago en cuotas —hasta seis para grandes empresas y hasta doce para MiPyMEs— ajustadas por inflación más 3% anual. La indemnización será la única reparación por despido sin causa y los créditos laborales se actualizarán por IPC más 3% anual.
Banco de horas: permite acordar por escrito la compensación de horas extras, con un máximo de 12 horas por jornada y respetando 12 horas de descanso. Se podrán compensar jornadas más largas con otras más cortas sin exceder el límite semanal legal.
Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente bajo contrato de servicio, sin relación laboral.
Derecho a huelga: los servicios esenciales deberán garantizar un 75% de funcionamiento y los trascendentales un 50%. Se amplía el listado de actividades esenciales, incluida la educación, y las asambleas deberán contar con autorización previa del empleador.
Blanqueo laboral: contempla la condonación de hasta el 70% de deudas por aportes y contribuciones para regularizar empleo informal. Además, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) prevé una reducción del 8% en cargas patronales para quienes registren nuevos trabajadores.
Con esta sanción, el oficialismo consiguió su victoria parlamentaria más relevante en el cierre de extraordinarias, mientras el impacto político y económico de la reforma comenzará a medirse en los próximos meses.
