El ex presidente Alberto Fernández fue procesado este miércoles por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como “Seguros”. Además, el magistrado dispuso un embargo sobre sus bienes por la suma de $14.634.220.283.
La resolución judicial lo acusa de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de autor. La decisión de Casanello está plasmada en un extenso fallo de más de 400 páginas, donde también se procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su pareja, María Cantero, quien se desempeñó como secretaria personal del ex mandatario.
Martínez Sosa, apodado “Hecky”, fue vinculado a maniobras de presión y gestiones durante la gestión de Fernández. A pesar de sus intentos por despegarse públicamente del expresidente tras estallar el escándalo, la filtración de chats reveló visitas reservadas a la quinta de Olivos y su influencia a través de su pareja para acceder a reparticiones del Estado.
Los vínculos y gestiones de Martínez Sosa se reflejan en cifras contundentes: entre 2019 y 2023, él y su red de intermediarios percibieron $2.297.820.134, lo que representa cerca del 60% del total de comisiones abonadas en ese período.
Durante el mandato de Fernández, la empresa de Martínez Sosa firmó contratos con al menos 19 organismos públicos y cobró $366.635.744 en comisiones. En esa lista figuran ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales S.A., el Fondo Nacional de las Artes y hasta la Corte Suprema. Si se incluyen los montos del 2024, la suma trepa a $416.546.348. Los registros muestran pagos que van desde $21.732,54 en 2020, hasta $228.982.902 en 2023.
La causa tuvo un giro en febrero, cuando venció la subrogancia del juez Julián Ercolini en el juzgado federal N° 11. En ese momento, la investigación se encontraba en etapa decisiva, con las declaraciones indagatorias ya concluidas y cerca del dictado de los procesamientos o sobreseimientos.
Casanello, al asumir el expediente, resolvió revisar desde cero la documentación, solicitar nuevas pruebas y profundizar líneas de investigación que no habían sido exploradas hasta entonces.
Entre las pruebas más relevantes se encuentra un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), presentado en mayo. El extenso documento de 662 páginas analizó la actividad económica de Fernández antes de asumir la Presidencia. Según los peritos, entre 2010 y 2019, el ex presidente le facturó a la firma de Martínez Sosa por “servicios profesionales” un total de $4.257.000.
La última de esas facturas fue emitida el 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de asumir como jefe de Estado. Las defensas de ambos alegan que esos pagos respondían a informes elaborados por Fernández sobre el panorama político y económico. Según consta en los registros, el ex presidente tenía más clientes en ese mismo período, incluyendo otras empresas y al menos dos sindicatos.
