En una muestra de unidad poco frecuente, gobernadores de distintas fuerzas políticas —peronistas, radicales y del PRO— se reunieron este martes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires. El eje del encuentro fue la crítica situación financiera que atraviesan las provincias, marcada por una fuerte caída en los ingresos coparticipables y el freno casi total en la obra pública desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
Con la mirada puesta en el deterioro de las cuentas públicas locales, los mandatarios acordaron solicitar una audiencia formal con el presidente Milei para discutir la posibilidad de un nuevo pacto fiscal que redefina la relación impositiva y financiera entre Nación y provincias. “Necesitamos un acuerdo integral que contemple lo tributario, lo fiscal y las obligaciones compartidas entre ambos niveles de gobierno”, coincidieron.
Los datos son contundentes. Según estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos, entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas habrán caído en términos reales más de un 11%. Solo en lo que va del año, la baja proyectada es del 4,2%, lo que representa una pérdida de aproximadamente $2,5 billones, equivalente al 0,3% del PBI. Comparado con 2023, la pérdida acumulada superaría los $7,4 billones, golpeando especialmente a doce provincias que dependen en más de un 60% de estos fondos para sostener sus presupuestos.
El malestar se amplifica por el estancamiento del consumo, la política fiscal contractiva del Gobierno y la virtual desaparición de los Aportes del Tesoro Nacional, que solían ser una herramienta clave para aliviar desequilibrios financieros en las provincias. A esto se suman las quejas por el deterioro de rutas nacionales, la paralización de planes de vivienda y la falta de inversiones en infraestructura básica.
Entre los asistentes estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Ziliotto (La Pampa), y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), entre otros. En total, participaron mandatarios de más de quince jurisdicciones, quienes coincidieron en que la merma de recursos pone en riesgo el funcionamiento básico de los Estados provinciales, incluidos servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
En un tono crítico pero institucional, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue categórico: “No hay ninguna provincia en la Argentina que esté mejorando su recaudación. Todos los recursos vienen cayendo. Esto no se soluciona solo con ajuste; necesitamos reglas claras y previsibles”.
El encuentro también sirvió para volver a poner en la agenda la necesidad de una reforma tributaria integral. “No podemos seguir discutiendo temas de fondo cada dos años entre elecciones. Hay que reformar el esquema fiscal con una mirada federal y de largo plazo”, sostuvo Ignacio Torres, de Chubut.
El pedido de reunión con Milei se da en un contexto de creciente presión financiera: muchas provincias enfrentan dificultades para pagar salarios y el medio aguinaldo de mitad de año, con un Gobierno nacional que centralizó los recursos y recortó la ayuda a discreción.
Más allá de las diferencias partidarias, el mensaje fue unificado: las provincias no pueden seguir sosteniéndose sin un rediseño fiscal que contemple su realidad económica. La pelota ahora queda en la cancha del Ejecutivo nacional, que deberá decidir si responde al llamado del interior o si profundiza su estrategia de recentralización y ajuste.
