La Justicia argentina avanzó este lunes con un pedido formal de extradición contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en el país por presuntas violaciones a los derechos humanos. La solicitud fue presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli y se enmarcó en una causa que se había iniciado en 2024 a partir de una denuncia del Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD).
El planteo fue elevado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, dentro del expediente en el que Maduro se encontraba imputado y sobre el cual pesaba una orden de captura internacional vigente. La investigación había cobrado notoriedad el año pasado, cuando la acción judicial logró frenar una visita que el mandatario venezolano tenía prevista a la ciudad de Buenos Aires.
El FADD también solicitó formalmente la extradición de Maduro desde los Estados Unidos hacia la Argentina. El pedido fue firmado por el presidente de la entidad, el legislador porteño Waldo Wolff, quien había tenido un rol central en el inicio de la causa.
En 2024, cuando Wolff se desempeñaba como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y presidía el FADD, presentó una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py. En septiembre de ese mismo año, la Cámara Federal porteña resolvió ordenar la “inmediata detención” de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello con el objetivo de que fueran sometidos a declaración indagatoria por “graves violaciones a los derechos humanos”.
En ese marco, también se había requerido que se notificara la decisión judicial a Interpol, a fin de que se activara una alerta roja para solicitar la captura internacional de los imputados. La medida buscó garantizar su localización y eventual traslado ante la Justicia argentina.
A través de un comunicado, el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia sostuvo que, desde aquel momento, se pusieron en marcha distintas acciones judiciales contra Maduro y contra quienes integraban los distintos niveles de conducción del régimen venezolano. Según la entidad, los hechos investigados fueron calificados como graves delitos de lesa humanidad, de acuerdo con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
En el dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal Stornelli remarcó que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”. En ese sentido, recordó que en la causa argentina existía un llamado a prestar declaración indagatoria acompañado por una orden de detención vigente.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró “urgente” el inicio del procedimiento de extradición activa, con el objetivo de que Maduro pudiera ser sometido al proceso judicial en curso. De prosperar el planteo, se habilitaría la intervención de la Cancillería argentina y de las autoridades estadounidenses para avanzar en un eventual traslado del exmandatario.
Ahora será el juez Sebastián Ramos quien deba resolver si hace lugar al pedido formulado por Stornelli. En caso afirmativo, deberá ordenar el envío de un exhorto diplomático para requerir formalmente la entrega de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos a la Argentina, lo que abriría una nueva etapa en una causa de alto impacto político y judicial.
