En medio de la cuenta regresiva para que venciera el plazo que tenía el Gobierno nacional para frenar las leyes impulsadas por la oposición, el presidente Javier Milei confirmó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. De esta manera, el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación y quedará a la espera de un nuevo tratamiento en ambas cámaras.
La iniciativa, que había sido sancionada el 22 de agosto en el Senado con 62 votos a favor y 8 en contra, contemplaba una recomposición salarial para el personal de salud, un aumento en el presupuesto y la asignación prioritaria de insumos críticos durante el plazo de un año. Sin embargo, este jueves a la madrugada se oficializó el veto mediante la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, señala el texto oficial tras la revisión completa de la norma.
Desde un inicio, la propuesta había sido objetada por el Gobierno debido al impacto fiscal que implicaría. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), su aplicación hubiera representado un desembolso de $65.573 millones para el Tesoro Nacional. “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, afirmó un integrante del círculo cercano a Milei días antes de la confirmación del veto.
En Balcarce 50 ya se había adelantado que la norma de emergencia pediátrica sería vetada, al igual que la Ley de Financiamiento Universitario —que fue la primera en ser anulada por el Presidente el miércoles a la tarde— y, posiblemente, el proyecto que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque este último aún no fue confirmado.
La Ley de Emergencia Sanitaria se había convertido en una de las victorias parlamentarias de la oposición. Su sanción buscaba dar respuesta a los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes realizaron movilizaciones en demanda de aumentos salariales y de una norma específica para la atención pediátrica.
El proyecto proponía la asignación inmediata de recursos para medicamentos, vacunas, tecnologías médicas, mantenimiento de infraestructura, insumos críticos y personal esencial. Además, establecía una recomposición salarial para el personal de salud pediátrico y no pediátrico, tanto asistencial como administrativo, con un piso equivalente al poder adquisitivo de noviembre de 2023.
La medida también alcanzaba a los residentes nacionales de todas las especialidades que trabajen en efectores de salud, garantizando mejoras en sus haberes. Otro de los puntos destacados era la exención del pago de Ganancias para el personal que cumpliera actividades críticas, horas extras o guardias en hospitales públicos y privados.
Como parte de la iniciativa, el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan había sido declarado centro de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad, consolidando su rol clave dentro del sistema sanitario infantil.