La Justicia de Mendoza inició una investigación por la difusión de imágenes íntimas pertenecientes a una docente de una escuela técnica del departamento de San Martín. A raíz del episodio se abrió un expediente en el Fuero Penal Juvenil, debido a que el presunto responsable era menor de edad.
La causa quedó a cargo de la fiscalía penal de menores, que avanzó con las actuaciones destinadas a reconstruir cómo se produjo el acceso al contenido privado de la profesora. Entre los puntos centrales de la investigación aparecieron la obtención de los archivos, su descarga y la posterior circulación entre estudiantes.
El hecho tuvo lugar en la Escuela Técnica N°4-120 General José de San Martín, ubicada en esa ciudad del este mendocino. La docente afectada decidió realizar una denuncia penal después de advertir que fotografías y un video de carácter íntimo comenzaron a difundirse a través de distintos grupos de WhatsApp.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el material habría sido obtenido desde una computadora ubicada en la sala de informática del establecimiento educativo.
La principal hipótesis indicó que la profesora habría dejado abierta su cuenta de correo electrónico luego de utilizar uno de esos equipos durante una jornada institucional realizada el pasado 21 de septiembre. En aquella oportunidad, docentes de la escuela trabajaron con las computadoras para descargar diferentes archivos vinculados con sus tareas.
Días más tarde, un alumno habría encontrado la sesión todavía abierta y desde allí habría ingresado al almacenamiento virtual correspondiente a la docente. En ese espacio se encontraban alojadas las fotografías y el video privados que posteriormente comenzaron a circular.
A partir de la denuncia, la investigación buscó establecer con precisión quién o quiénes accedieron a la cuenta de la profesora y determinar las responsabilidades en cada una de las instancias. Los investigadores debían establecer quién ingresó al material, quién realizó la descarga de los archivos y qué personas participaron posteriormente en su reenvío.
El contenido se propagó inicialmente entre alumnos de la propia institución educativa y, posteriormente, también habría llegado a estudiantes pertenecientes a otras escuelas del departamento de San Martín.
Ante esa situación, la denuncia apuntó no solamente a determinar las eventuales responsabilidades por lo ocurrido, sino también a intentar impedir que las imágenes y el video continuaran siendo reproducidos y compartidos.
El caso quedó así bajo investigación judicial, con la particularidad de que las actuaciones tramitaron dentro del Fuero Penal Juvenil por la edad del presunto involucrado. Las medidas buscaron reconstruir todo el recorrido que siguieron los archivos desde el primer acceso hasta su posterior difusión entre los estudiantes.
Además del avance de la causa en la Justicia mendocina, el episodio podría derivar en la intervención de las autoridades educativas de la provincia y de equipos especializados para abordar las consecuencias de lo sucedido dentro de la comunidad escolar.
La situación planteó así un escenario que excedió la investigación sobre el acceso y difusión del material privado, debido al impacto que la circulación de ese contenido pudo generar tanto sobre la docente afectada como en el ámbito educativo de la institución.
