La investigación judicial por el derrumbe ocurrido en boulevard San Juan al 600, en la ciudad de Córdoba, sumó un nuevo avance tras la imputación de los responsables técnicos de la obra. La fiscal Celeste Blasco analizó las pruebas reunidas y resolvió acusar por estrago culposo agravado al arquitecto Federico Yáñez, quien se desempeñaba como director técnico, y al ingeniero civil Guillermo Juri, a cargo de la construcción del muro de revestimiento.
La decisión se tomó luego de casi un año de investigación, en el que se evaluaron distintos elementos del expediente. Según la instrucción, ambos profesionales habrían incurrido en un delito contra la seguridad pública debido a imprudencia, negligencia o impericia en el desarrollo del proyecto.
El hecho, ocurrido el 17 de mayo del año pasado, provocó la muerte de Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, y dejó un saldo de ocho personas heridas. El derrumbe se registró durante una noche de tormenta que afectó a la capital cordobesa y obligó a activar los sistemas de emergencia.
Uno de los puntos clave de la causa fue el peritaje técnico oficial, firmado por el ingeniero Pedro Huerta Soaje. El informe concluyó que el desprendimiento del revestimiento en la fachada Este del edificio María Reina V se debió a deficiencias en el diseño, la ejecución y el control técnico de la obra.
Si bien las condiciones climáticas adversas fueron consideradas un factor que contribuyó al desenlace, los especialistas determinaron que no constituyeron la causa principal del colapso.
El análisis pericial también detectó una serie de fallas estructurales que, de acuerdo a los expertos, podrían haberse evitado con la implementación de medidas técnicas adecuadas. En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que tanto Yáñez como Juri tenían la responsabilidad profesional de adoptar controles adicionales para minimizar riesgos.
En base a estas conclusiones, el Ministerio Público encuadró la conducta de los imputados en el delito de estrago culposo agravado, una figura que prevé penas de entre uno y cinco años de prisión en caso de confirmarse.
Como parte del avance del expediente, se dispuso que los acusados sean indagados en las próximas horas. La investigación continúa en etapa preliminar y busca establecer el grado de responsabilidad de cada uno en el hecho.
De acuerdo a la fiscalía, existió una conducta que atentó contra la seguridad pública, al no haberse extremado los controles técnicos acordes a la magnitud del proyecto.
El derrumbe se produjo cerca de las 23 horas en un bar ubicado en la planta baja del edificio, en medio de un fenómeno meteorológico con fuertes ráfagas de viento. Tras el colapso, bomberos, personal médico y agentes de Defensa Civil trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas.
Por su parte, la Municipalidad de Córdoba expresó su pesar por el fallecimiento y señaló que el protocolo de emergencia se aplicó correctamente. Además, indicó que la determinación final de las causas quedará en manos de la Justicia, que actúa en coordinación con distintas áreas técnicas.
El caso, que generó gran impacto en la ciudad por la gravedad de sus consecuencias, continúa bajo investigación y se mantiene en el centro de la agenda pública.
Mientras avanza la recolección de pruebas y se desarrollan las indagatorias, se esperan definiciones sobre una eventual elevación a juicio. En caso de sostenerse la calificación legal, los imputados podrían enfrentar penas de prisión de entre uno y cinco años, según lo establece la normativa vigente.
