Una trabajadora del Registro Civil de la provincia de Neuquén quedó bajo investigación judicial por un presunto cobro indebido y la elaboración de actas con irregularidades, situaciones que habrían generado perjuicios tanto a una pareja como al Estado. Desde la Justicia señalaron que se trata de hechos de gravedad.
El asistente letrado Facundo Bernat reformuló este martes los cargos durante una audiencia contra la empleada, a quien se le atribuye haber exigido un pago irregular a dos personas para concretar su casamiento y, además, haber incorporado datos falsos en el acta matrimonial.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se mantuvieron los hechos y las figuras penales originales, aunque la acusación fue actualizada al sumarse agravantes y nuevas consecuencias económicas derivadas del caso.
En el comunicado oficial del organismo provincial se precisó que los hechos imputados son dos. El primero corresponde a un supuesto cobro ilegal ocurrido el 6 de enero de 2025, cuando la mujer —en su rol de funcionaria— habría solicitado $90 mil argumentando que el sellado previamente abonado no era válido para el trámite de matrimonio. Ese dinero, de acuerdo a la investigación, fue depositado en una cuenta personal de la acusada.
Sobre el segundo episodio, Bernat explicó que la imputada confeccionó el acta del casamiento pero omitió dejar constancia de que la ceremonia se realizó a domicilio y tampoco asentó la identidad de los testigos requeridos por la normativa vigente.
Tras exponer las acusaciones, la fiscalía sostuvo que estas maniobras no solo configuraron una falsedad documental, sino que también ocasionaron un daño patrimonial al Estado por no haberse abonado la tasa correspondiente a un matrimonio celebrado fuera de la sede oficial. A su vez, la pareja debió iniciar gestiones para rectificar la documentación.
En este contexto, la mujer fue imputada por los delitos de exacciones ilegales agravadas —por haber incorporado a su patrimonio el beneficio obtenido— y falsedad ideológica agravada por su condición de funcionaria pública, ambos en concurso real y en calidad de autora.
Por último, el fiscal pidió extender el plazo de investigación durante tres meses. El juez de garantías Juan Guaita avaló tanto esa prórroga como la reformulación de los cargos.
