Una red delictiva dedicada al acopio y comercialización ilegal de metales sustraídos a empresas proveedoras de servicios esenciales fue desbaratada tras 14 allanamientos en el Conurbano bonaerense, los cuales concluyeron con ocho detenidos y casi un millón de dólares en material secuestrado.
Este viernes, personal de la Policía bonaerense desplegó un amplio operativo con 14 allanamientos simultáneos en La Matanza, Merlo, San Fernando, Vicente López y Tigre, en el marco de una investigación federal sobre una organización criminal dedicada al robo, procesamiento y venta ilegal de metales.
Según el parte policial, la causa se inició el 1 de abril de este año bajo la carátula “averiguación de delito – FSM 60/2025”, y está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, bajo la dirección del juez Jorge Rodríguez.
Las tareas investigativas fueron llevadas adelante por personal de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, que también coordinó los operativos.
Como resultado, se logró la detención de ocho personas y el secuestro de 95.000 kilos de cables robados a la empresa Edenor, junto con 4.070 kilos de cobre, entre cables y filamentos.
Además, se incautaron:
- 1.512 lingotes metálicos de aproximadamente 15 kilogramos cada uno
- 2.342 kilogramos de aluminio compactado
- 621 kilogramos de monedas de curso legal
También se encontraron casi 10 millones de pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares, 15 cuadernos con anotaciones comerciales y diversas máquinas utilizadas para el procesamiento de los materiales, entre ellas compactadoras, peladoras y prensadoras.
Las autoridades estimaron que el valor total del material secuestrado ronda los 900.000 dólares.
“Detrás del delito se da una cadena compleja investigada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los materiales robados, principalmente cables de cobre y aluminio, eran procesados en pequeños centros de acopio para ser luego vendidos a fundidoras más grandes, que los compactaban y los exportaban a países limítrofes”, explicaron.
Desde hace tiempo, se denuncia que la sobrevaloración del cobre y el bronce en el mercado internacional, sumada a la creciente demanda y la falta de trazabilidad del origen, ha favorecido el auge de esta actividad delictiva, que afecta gravemente a la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en la región. Esto genera cortes prolongados, riesgos eléctricos y altos costos de reparación para operadoras y usuarios.
