Dos mujeres fueron arrestadas en la provincia de Salta en el marco de una investigación por la falsificación de certificados docentes utilizados para incrementar el puntaje y así mejorar las posibilidades de acceder a cargos. La pesquisa permitió establecer que la organización actuaba tanto en el norte como en el sur provincial y que además tenía conexiones en San Carlos de Bariloche.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, dispuso allanamientos en cuatro viviendas ubicadas en Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación. Como resultado de los procedimientos se secuestró documentación de interés para la causa y se concretó la detención de las dos sospechosas.
La investigación se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia presentada por el Ministerio de Educación. A partir de allí, se comprobó que la maniobra consistía en la emisión de diplomaturas y postítulos falsos que luego eran utilizados para sumar puntaje en los listados docentes.
El secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, detalló que de las 292 unidades educativas auditadas se detectaron 291 inscripciones con certificados presuntamente falsificados, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados en la maniobra.
El funcionario remarcó la extrema gravedad de los hechos, ya que se asignaron cargos y puntajes con documentación inexistente. Además, explicó que las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario comparten una misma base de datos, lo que amplificó el alcance del perjuicio ocasionado.
Mediante tareas de campo, cruces de información y análisis bancarios e informáticos, los investigadores establecieron que los docentes eran contactados a través de la red social Facebook mediante perfiles identificados como “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. Desde allí se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente, que supuestamente contaban con el aval de instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro. Tras abonar sumas que iban desde los $95.000 hasta los $360.000, los interesados recibían certificados en formato PDF con firmas y sellos escaneados.
La causa también determinó que 53 docentes lograron mejorar su orden de mérito y que nueve accedieron a horas cátedra luego de presentar la documentación falsa. En conversaciones incorporadas al expediente, varios reconocieron que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que compraban directamente el puntaje, plenamente conscientes de la irregularidad.
