El Gobierno nacional anunció la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un nuevo organismo que centralizará funciones clave vinculadas al control y fiscalización de los servicios de transporte y las concesiones viales. La medida se concreta a partir de la disolución de tres organismos descentralizados: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Además, contempla la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), todos ellos dependientes de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La decisión, que se venía gestando desde hace tiempo, comenzó a formalizarse mediante un proyecto de decreto que será publicado próximamente en el Boletín Oficial.
La nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte será la Autoridad de Aplicación en todo lo relativo a la fiscalización de las concesiones viales y de los servicios públicos de transporte, asumiendo amplias competencias y responsabilidades.
Entre sus funciones principales se incluyen: fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión, acuerdos operativos y permisos de explotación de servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario —tanto de pasajeros como de cargas— en jurisdicción nacional. Para ello, podrá realizar inspecciones in situ y exigir información a los concesionarios y operadores.
Además, deberá controlar la ejecución de los contratos de concesión vial en coordinación con el organismo competente en licitaciones, garantizando la separación entre fiscalización y administración licitatoria.
También tendrá la responsabilidad de fiscalizar y supervisar los servicios públicos de transporte terrestre nacional, velando por condiciones técnicas y de prestación adecuadas, a fin de asegurar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios.
Otra atribución destacada será la fiscalización de las medidas adoptadas por empresas y concesionarios para proteger los bienes afectados a los servicios ferroviarios, así como la aplicación de sanciones por incumplimientos contractuales o normativos en los sectores automotor, ferroviario y vial.
La Agencia también estará habilitada a promover acciones civiles o penales dentro de su competencia, colaborar con la Secretaría de Transporte cuando sea requerido y resguardar los derechos de los usuarios a través de la gestión de quejas, denuncias y reclamos.
Entre sus capacidades técnicas, podrá conducir investigaciones, emitir informes y recomendar medidas para mejorar la calidad, eficiencia y seguridad de los servicios. Además, tendrá a su cargo la percepción y fiscalización del cobro de tasas y aranceles por sus funciones de control, con intervención previa de la Secretaría de Hacienda.
En casos necesarios, podrá propiciar la suspensión o caducidad de licencias y permisos, intervenir en investigaciones de accidentes ferroviarios relevantes, y actuar en incidentes en cruces a nivel entre vías férreas y caminos.
La nueva entidad también podrá requerir asistencia de la fuerza pública, resolver disputas derivadas del sistema de acceso abierto en concesiones ferroviarias, y supervisar los programas de mantenimiento de infraestructura y material rodante.
El fundamento de esta reestructuración se basa en las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para reorganizar la estructura del Estado. En este marco, puede modificar o eliminar competencias y organismos cuando su mantenimiento resulte innecesario, buscando mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el sobredimensionamiento de su estructura.
