El Gobierno nacional avanza con la licitación para la operación privada de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila— y prevé un análisis minucioso del historial judicial y arbitral de las empresas oferentes, en especial de aquellas que en el pasado litigaron contra el Estado argentino ante tribunales internacionales.
La convocatoria, que inicialmente estaba prevista para septiembre pero fue postergada por pedido de las empresas en medio de la volatilidad cambiaria previa a las elecciones presidenciales, busca renovar las concesiones vencidas en 2023. El nuevo esquema contempla participación privada y un margen accionario de hasta el 10% para las provincias de Neuquén y Río Negro.
El pliego incorpora además un canon por el uso del recurso hídrico y un mecanismo de distribución de ingresos que destinará un porcentaje a obras de infraestructura definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), con el fin de garantizar un aprovechamiento sustentable y federal del sistema.
Entre las compañías interesadas en participar figuran las actuales operadoras —Enel Generación, Central Puerto, Aconcagua Energía Generación y AES Corporation— junto a nuevos jugadores del sector energético como Pampa Energía, YPF Luz, Genneia, MSU Energía, la francesa TotalEnergies y conglomerados chinos con presencia en el mercado hidroeléctrico global.
El antecedente de conflictos internacionales es un punto sensible para el Ejecutivo. Uno de los casos más relevantes es el de la estadounidense AES, ex operadora de Alicurá, que este año obtuvo un fallo favorable por más de 700 millones de dólares en el CIADI, a raíz de la pesificación de los contratos ocurrida en la década del 2000.
Fuentes oficiales aclararon que estos antecedentes no impiden la participación de las empresas en la licitación, aunque sí ameritan “un análisis más cuidadoso” en la evaluación. “El país no puede exponerse a repetir conflictos jurídicos que terminaron costando millones de dólares”, remarcaron desde el entorno de la Secretaría de Energía.
La nueva fecha límite para la presentación de ofertas fue fijada para el 7 de noviembre próximo, y el Gobierno espera adjudicar las concesiones antes de fin de año, en línea con el plan de ordenamiento del sector energético.
