Los propietarios de la droguería Suizo Argentina reclamaron la “nulidad absoluta” de la investigación judicial que los involucra en un presunto esquema de pago de sobornos. La causa se abrió en base a grabaciones atribuidas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. La defensa denunció que esas pruebas fueron obtenidas de forma ilegal, que se encuentran adulteradas y que el proceso avanza como una “caza de brujas”.
El pedido fue formalizado por el abogado Martín Magram, representante de los hermanos Emannuel y Jonathan Kovalivker, junto a su padre Eduardo. En el escrito presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, el letrado reclamó que se declare la nulidad “de carácter absoluto” del expediente por considerar que se violó el derecho de defensa y el debido proceso.
Según la presentación, el caso ya generó un “inconmensurable perjuicio reputacional” sobre ciudadanos “que jamás tuvieron problema legal alguno” y sobre la propia empresa, cuya situación podría “poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.
El documento ingresó a los tribunales el pasado viernes, en la misma jornada en la que el fiscal Franco Picardi encabezó un nuevo allanamiento en la sede central de Suizo Argentina, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Allí, los investigadores se encontraron con resistencia para obtener correos electrónicos y claves de acceso a los sistemas informáticos de la firma.
En su argumentación, Magram sostuvo: “Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales, así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”.
El abogado también apuntó contra la manera en que se lleva adelante la investigación, a la que calificó de “oscurantista”. Señaló que la “desinformación” y la ausencia de un procedimiento ajustado a derecho evocan “épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático”.
En esa línea, cuestionó el uso de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. Aseguró que “no es posible conceder ningún valor a semejante prueba”, salvo que se decida “ignorar el respeto a la Constitución” o se habilite a cualquier persona a transformarse en “detective privado” para reunir elementos contra adversarios políticos, empresarios o incluso rivales personales.
Finalmente, Magram remarcó que los procedimientos desplegados —entre ellos múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales, requisas y extracción de información de dispositivos móviles— constituyen “un verdadero proceso que recuerda más bien a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas”.
