La Justicia dispuso la prisión preventiva para el quinto imputado por los ataques con bombas molotov registrados frente al Congreso Nacional durante las protestas del 11 de febrero pasado, en el marco del debate por la reforma laboral. La medida fue ordenada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Gonzalo Rúa, luego de la detención del sospechoso en el partido bonaerense de General Rodríguez.
El acusado fue arrestado en las últimas horas tras una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Flagrancia Este de la Capital Federal. Según indicaron fuentes oficiales, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la causa.
En ese sentido, remarcaron que el imputado cuenta con antecedentes por robo y que, al momento de los hechos, habría intentado evitar ser identificado mediante el uso de casco y máscara. A esto se suma que permaneció oculto tras el ataque, lo que reforzó los argumentos para su detención.
Los delitos que se le imputan están contemplados en el artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la fabricación y tenencia de explosivos con penas de hasta 15 años de prisión; el artículo 211 por intimidación pública, con penas de hasta seis años; y los artículos 237 y 238 por atentado contra la autoridad agravado, con condenas de hasta dos años.
De acuerdo con la investigación, el hombre fue detenido en General Rodríguez cuando llevaba una mochila con distintos elementos vinculados a los ataques: un bidón con líquido combustible, ropa presuntamente utilizada durante los hechos, dos teléfonos celulares y una gran cantidad de panfletos políticos.
Posteriormente, se realizó un allanamiento en su domicilio, donde los investigadores secuestraron más bidones con sustancias inflamables, dispositivos electrónicos de almacenamiento, prendas que habrían sido utilizadas en los ataques, un casco, carteles de manifestaciones y computadoras.
La detención fue producto de una pesquisa encabezada por los auxiliares fiscales Malena Mercuriali y Mariano Camblong, bajo la coordinación del fiscal Federico Tropea. El avance de la causa permitió identificar al sospechoso mediante el análisis de imágenes provenientes de fuentes abiertas, cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y registros televisivos.
El trabajo conjunto del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina permitió establecer una coincidencia de identidad superior al 96 por ciento.
Con este procedimiento, ya son cinco los detenidos acusados de participar en la fabricación, tenencia y utilización de material explosivo e inflamable, además de intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad.
Según la hipótesis judicial, el acusado integraba una organización en la que cada miembro cumplía funciones específicas en la planificación, ejecución y encubrimiento de los ataques. En tanto, el resto de los sospechosos continúa siendo intensamente buscado por los investigadores.
La causa se enmarca en los hechos ocurridos frente al Congreso, donde se registraron ataques con bombas molotov contra efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina durante una jornada de protestas y disturbios.
En el inicio de la investigación, el Ministerio de Seguridad Nacional había logrado identificar a 17 sospechosos por los incidentes con artefactos incendiarios. De ese total, dos ya habían sido detenidos previamente por la Policía de la Ciudad en distintos operativos realizados en barrios porteños.
