En las últimas horas, la UFI de Homicidios de La Matanza ordenó la detención de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados del triple femicidio narco de Florencio Varela.
Mujica, considerada ahora una sospechosa clave en la causa, fue capturada en un domicilio de CABA poco antes de la medianoche del sábado por la Policía Bonaerense, bajo la autorización de un juzgado de rogatorias porteño. Durante su indagatoria, realizada poco antes del mediodía, se negó a declarar, según fuentes del caso.
Durante el arresto, que tuvo lugar en la zona de La Boca, se le secuestraron dos celulares que serán peritados. La mujer, de 37 años, argentina, con domicilio en la Villa 1-11-14 y ex empleada de una empresa de limpieza tercerizada, es además tía de Florencia Ibáñez, otra detenida que declaró como arrepentida en el triple crimen.
La detención se dio tras la declaración de un nuevo testigo ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, quien ubicó a Mujica como parte del negocio narco de la banda del Bajo Flores. Según el testigo, las víctimas habrían robado droga, lo que habría motivado los asesinatos.
El testigo también aseguró que Mujica le habría ordenado a su sobrina borrar contenidos del teléfono de Sotacuro. Aunque inicialmente se dudaba del rol de las víctimas en el robo, fuentes judiciales confirman que este relato aportó elementos clave para imputarla.
Un investigador afirmó: “Se sospecha que Mujica participaba de la recepción de droga desde el exterior junto a Sotacuro, y que se dedicaba al corte, estiramiento y distribución de cocaína”. Los fiscales sostienen que el robo que provocó las muertes ocurrió durante estas operaciones y que Mujica conocía todo el plan, ordenando incluso a su sobrina borrar evidencia del teléfono de Sotacuro.
A Mujica, conocida como pareja de “El Duro” o “Chato”, se le aplica la máxima calificación en la causa:
“Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes -reiterada en dos hechos-, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser la víctima menor de dieciocho años de edad, homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía, con ensañamiento, y por ser criminis causa -reiterado en tres hechos-, todos ellos en concurso real entre sí”.
La única pena posible por esta imputación es prisión perpetua.
Irónicamente, Mujica había declarado previamente como testigo, asegurando que el viernes 19 de septiembre, antes de buscar a las víctimas, Sotacuro le dijo: “Gorda, coman que voy a hacer un remise”. Otro testigo, sin embargo, señaló que Mujica comentó tras los hechos: “El Chato se mandó una cagada”.
Este viernes, la UFI de Homicidios solicitó la prisión preventiva de los ocho imputados, entre ellos Sotacuro e Ibáñez, y el envío del expediente al fuero federal de Morón para investigar la pista narco, con vínculos en Perú, desde donde se habrían ordenado los crímenes. Entre los prófugos con circulares rojas de Interpol figura Alex Ydone, pareja de Ibáñez, con antecedentes por narcotráfico, mientras Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, espera ser extraditado desde Perú.
